Las autonomías exigen a Sánchez más “flexibilidad” y coordinación en las medidas

Pedro Sánchez corre el peligro de perder la confianza de los Gobiernos autonómicos si en el futuro no cuenta más con estos en la adopción de medidas excepcionales. Representantes socialistas como Ximo Puig, Emiliano García-Page o María Chivite, entre otros líderes territoriales, alzaron este lunes su voz para pedirle al presidente “más flexibilidad” y un mayor grado de coordinación en la gestión de la crisis sanitaria. El PNV activó la alarma al asegurar que su confianza en Sánchez está “resentida” tras ordenar sin previo aviso el cierre laboral.

La última gran decisión del Gobierno, el cierre de todas las actividades económicas no esenciales, se cumplirá a rajatabla en todo el territorio nacional, pese a que esta medida no es del agrado general. El lehendakari, Iñigo Urkullu, se ha mostrado especialmente reacio a aplicarla. Los Gobiernos autonómicos no discuten tanto la necesidad de llevar adelante una solución tan drástica como la forma en que la han recibido y la tienen que llevar a efecto.

Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valencia y uno de los pesos pesados del PSOE, considera que no es el momento de abrir un enfrentamiento político, pero sí de que el decreto “aterrice” y se concrete: “Pido flexibilidad exigente. No se trata de cuestionar el objetivo, pero hay empresas que no pueden apretar el botón y al día siguiente dejar de funcionar. Hay empresas cuya actividad afecta mínimamente a la movilidad”.

Flexibilidad es lo más demandado desde las comunidades autónomas dirigidas por los socialistas, aunque todas cerraron filas con Sánchez. Emiliano García-Page y María Chivite, presidentes de Castilla-La Mancha y Navarra, respectivamente, coincidieron en pedir al Gobierno que el parón económico “se adapte a las peculiaridades de cada territorio”. El extremeño Guillermo Fernández Vara, partidario desde el principio de endurecer el régimen de restricciones del estado de alarma, calificó este paquete de medidas de “adecuadas y ajustadas a la realidad”.

Las voces más críticas llegaron del País Vasco. Urkullu ya había dejado clara su disconformidad con el cierre de las industrias porque esto provocará el “coma económico”. Este lunes volvió a afirmar que el decreto “se podía haber hecho de otra manera”, contando con la “singularidad” económica de cada región. No obstante, el Gobierno vasco, en manos del PNV y los socialistas, no llevará más allá su malestar, y se centrará en “implementar” las medidas. “Seguiremos colaborando lealmente”, dijo su portavoz, Josu Erkoreka.

Cataluña mantuvo el tono crítico con el Gobierno pese a que un día antes el president Quim Torra se felicitó porque “Sánchez había escuchado finalmente a Cataluña” y su defensa del confinamiento total. El Govern ya no se mostró tan entusiasta el lunes y lamentó “una vez más la manera de gestionar la crisis”. “No entiendo cómo se pueden hacer las cosas así”, dijo la portavoz y consejera de Presidencia, Meritxell Budó, al referirse a que el decreto que establecía las actividades esenciales no se publicó en el BOE hasta media hora antes de su entrada en vigor.

“Más rapidez y anticipación”

En las filas populares, la Junta de Andalucía, que ha suavizado sus críticas a Madrid durante la crisis del coronavirus, reclamó “más rapidez, anticipación e inmediatez” en las decisiones del Gobierno. “Echamos en falta que el mando único mande”, dijo el portavoz, Elías Bendodo. Más que por parar toda la economía, esta comunidad apuesta por dejarla al ralentí y aboga por una moratoria en el pago de impuestos. Alberto Núñez Feijóo acogió con recelo las nuevas restricciones laborales, pero en sintonía con otros representantes territoriales, reclamó el derecho a poder tener voz y defender el “cierre ordenado” de sectores claves para Galicia, como el conservero o la siderurgia. El presidente castellano-leonés, Alfonso Fernández Mañueco manifestó que el decreto “debería haber llegado antes, con más planificación y más coordinación, escuchando a las comunidades autónomas para encajar las piezas del puzle entre todos”.

El Gobierno de Cantabria ve como “lógica” la moratoria de 24 horas a las empresas no esenciales antes del cierre total de actividades, aunque sigue creyendo que es un error que se paralice la economía porque la reapertura de algunas fábricas “podría llegar a ser imposible”, aseguraron fuentes de Presidencia.

La crítica es generalizada en las comunidades autónomas al referirse a la gestión del material prometido por el Ministerio de Sanidad. El Gobierno aseguró el lunes que ha suministrado desde el pasado 10 de marzo un total de 10 millones de mascarillas y otra cantidad igual de material de protección (guantes, gafas, gorros, calzas o batas desechables) entre las comunidades autónomas, principalmente en Madrid, Cataluña y Andalucía, por este orden. Los envíos no son suficientes, a juzgar por las protestas de algunas regiones. “De las 50.000 mascarillas que nos correspondían, solo han llegado 14.000”, señalan en el Gobierno de Cantabria. Esto ha llevado a la región a comprar, por cuenta propia, 100.000 unidades en el extranjero.

Murcia asegura que los compromisos adquiridos por el Ministerio de Sanidad con esta región no se están cumpliendo y las cantidades recibidas no concuerdan con las cifras que semanalmente da el Gobierno central. Castilla-La Mancha comenzó el lunes a repartir 6.000 test rápidos que adquirió por su cuenta. El Ejecutivo extremeño señala que no está necesitado de material, aunque la comunidad está pendiente de recibir 209.000 mascarillas del ministerio.

Con información de Lourdes Lucio, Virginia Vadillo, Cristina Huete, Pere Ríos, Juan Carlos Espinosa, Ferrán Bono y Mikel Ormazabal