Una medida que el Gobierno intentó evitar hasta el final

El Gobierno llevaba más de una semana debatiendo internamente sobre la posibilidad de endurecer las medidas de confinamiento y paralizar toda actividad no esencial. Estuvo encima de la mesa muchas veces, y era el sector de Unidas Podemos y de algunos ministros socialistas el que tenía más claro que había que hacerlo. Pero el ala económica del Ejecutivo se resistía por sus consecuencias imprevisibles para la economía y para la posterior recuperación. Parar casi por completo una economía ya muy debilitada puede ser demoledor.

La Moncloa decidió apurar la medida al máximo posible, esperando que la curva de contagios remitiera. Eso era lo que tenía que pasar a finales de esta semana, según los cálculos del Ejecutivo. Pero los datos que han llegado en los últimos días, y en especial este sábado, de nuevo con récord de fallecidos —832— decantaron una decisión que ya se venía fraguando en un círculo muy estrecho. Baste señalar que el día anterior Sánchez no les trasladó la inminencia de la medida a los miembros del Gobierno reunidos en Consejo de Ministros. Se limitó a preguntarles su opinión sobre un posible cierre de más sectores, en especial la construcción, y a abrir una ronda de consultas. Pero la sensación que se quedaron los ministros consultados era que La Moncloa iba a esperar a la próxima semana, al menos al Consejo del martes, para ver si finalmente la curva mejoraba, como estaba previsto.

El sábado, con los nuevos números encima de la mesa, La Moncloa puso toda la maquinaria en marcha para el nuevo decreto que se estaba ultimando por la noche y que se aprobará este domingo en un nuevo Consejo de Ministros extraordinario, el segundo de la semana.

Esta medida ha estado encima de la mesa no solo del Gobierno sino también de la oposición, que la reclamó incluso en el pleno del pasado miércoles; de varios aliados del Ejecutivo, entre ellos ERC que lo pidió con claridad, y de varias comunidades autónomas gobernadas por el PP y de Cataluña, en manos de los independentistas. En las ruedas de prensa de miembros del Gobierno se preguntó repetidamente por esta posibilidad. La respuesta fue siempre la misma: las medidas españolas son las más contundentes de Europa y bastarán para frenar el contagio. Aunque el tono empezó a cambiar ya el viernes.

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, era la ministra que con más contundencia se oponía, en público y en privado, a extender la paralización, en línea con lo que reclamaban sobre todo los empresarios, los más perjudicados por esta medida y claramente los más molestos. Este mismo lunes, Calviño compareció en La Moncloa y sus palabras intentaron frenar el debate sobre la paralización de la economía que ya llevaba varios días en el centro de la discusión política y mediática. Ella dejó clarísimo ese día que estaba completamente en contra y agregó que empresarios y sindicatos, con los que se reunió el mismo lunes, estaban también de acuerdo en que las medidas tomadas por el Ejecutivo serían suficientes. “¿Cuando se habla de parón total, de qué hablamos?”, se molestó Calviño. “Porque para que un hospital funcione, tiene que funcionar la industria química, la farmacéutica, el textil para fabricar las prendas de los sanitarios, el transporte para que puedan llegar al hospital, el sector alimentario para alimentar a todos. Y hay otros sectores que siguen la actividad mediante el trabajo a distancia. Ya tenemos una actividad económica muy ralentizada y que, además, se está reorientando para atajar la crisis en algunos sectores”, añadió. Cuando le preguntaron si no convendría parar los bancos o la construcción, Calviño defendió que siguieran funcionando pero con medidas de seguridad para los trabajadores.

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