Una juez pide al Supremo que investigue a Puigdemont por un fraude en la gestión del agua en Girona

La juez de Girona que investiga un presunto fraude millonario en la gestión del agua en Girona ha pedido al Tribunal Supremo que investigue al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Como alcalde de Girona, Puigdemont firmó la renovación de un contrato con la empresa adjudicataria del servicio de aguas, Agissa. La investigación se centra en aclarar si el Consistorio destinó de forma irregular, en 2014, un millón de euros procedentes del canon pagado por Agissa a la compra de obras de arte.

La titular del juzgado de instrucción 2 de Girona ha elevado una exposición razonada al Supremo, a quien correspondería investigar a Puigdemont por su condición de eurodiputado. La juez cree que hay “indicios de criminalidad” contra el expresident y le atribuye delitos de prevaricación, fraude a la administración y falsedad documental. Se trata de una pieza separada ―declarada secreta― de una causa mayor que indaga un presunto fraude en la gestión del agua en esa localidad a través de los convenios firmados por el Ayuntamiento de Girona desde los años noventa.

El Supremo tiene ahora que estudiar el escrito enviado por la juez de Girona y decidir si abre una causa contra Puigdemont. En caso de que lo hiciera, el tribunal tendría que pedir al Europarlamento que levantara la inmunidad del expresidente catalán para poder investigarle. Si la causa prospera y el Supremo quiere juzgar a Puigdemont, tendría que tramitar una nueva euroorden para pedir a Bélgica la entrega del expresidente. Dos de los delitos que le atribuye la juez de Girona (falsedad documental y fraude a la administración) forman parte del catálogo de delitos de entrega automática a través de la euroorden, por lo que, sobre el papel, el Supremo no encontraría las dificultades que ha encontrado para conseguir la entrega del expresidente por el procés.

Con todo, fuentes de la Fiscalía Anticorrupción dudan de que se vaya a pedir la entrega por la causa del fraude del agua. Según estas fuentes, se trata de acusaciones “menores” y habría que estudiar que tengan encaje en la cooperación judicial europea. No obstante, una vez que el asunto ha llegado al Supremo serán los fiscales del alto tribunal, que aún no han leído el escrito de la juez, los que tendrán que decidir si piden a la Sala de lo Penal que actúe contra el expresidente.

Tras conocer la noticia, el expresidente catalán ha asegurado que se busca su extradición “como sea”. “Hace un año, cuando salieron informaciones con los mismos elementos que salen ahora, mi abogado ofreció al fiscal mi declaración voluntaria. El intento de enfangarme alegremente estaba claro y lo quise cortar de raíz”, ha explicado en un mensaje a través de Twitter.

La Fiscalía Anticorrupción comenzó la investigación sobre Puigdemont en junio de 2018. Las sospechas, ahora asumidas por la juez, se centran en saber si Girona destinó ese millón de euros del canon a la compra del fondo de arte Santos Torroella. La colección está formada por una treintena de obras de Joan Miró, Salvador Dalí, Antoni Tàpies y Picasso, entre otros. El Tribunal Supremo deberá decidir ahora si asume la causa y si solicita permiso al Parlamento Europeo para ordenar la investigación o detención de Puigdemont, huido a Bélgica de la justicia española por el procés.

En 2013, ya como alcalde, Puigdemont firmó la renovación del contrato de aguas con Agissa, una empresa mixta de mayoría privada pero en la que también están presentes los ayuntamientos de Girona, Salt y Sarrià de Ter. Tanto ese contrato como otros anteriores están plagados de irregularidades, según la investigación, que investiga un desvío millonario injustificado hacia las arcas de esa sociedad.