¿Será diferente esta vez?

La crisis del coronavirus ha reabierto el eterno debate sobre el papel, las funciones y el alcance de lo público en la sociedad. Está emergiendo un creciente consenso sobre la necesidad de una mejor y más amplia cobertura sanitaria pública. Además, la congelación de la actividad económica ha revelado al Estado como el último sostén, tanto de los sectores sociales más vulnerables a través de los programas sociales, como de las empresas y los autónomos mediante líneas de liquidez y reducción de la presión tributaria.

En el medio plazo, ya se habla del rol clave del Estado como palanca para acometer las políticas expansivas de reconstrucción, recuperando las retóricas de postguerra con referencias históricas como el Plan Marshall. Sin embargo, esta nueva retórica pro-Estado choca frontalmente con la realidad macroeconómica que enfrenta una gran mayoría de países en desarrollo. Desequilibrios de la balanza de pagos, crecientes déficits públicos, deudas públicas, desempleo, pobreza y desigualdad, además de un escaso espacio fiscal para acometer políticas fiscales expansivas y contra cíclicas, son algunas de las limitaciones que ofrece la realidad macroeconómica. Este marco no favorece una mayor presencia de lo público, más bien, todo lo contrario.

Esta situación resulta especialmente evidente en los países en vías de desarrollo, que desde hace años enfrentaban crecientes desequilibrios macroeconómicos, y que la covid-19 ha agravado y puesto de manifiesto de forma aún más contundente. En el caso latinoamericano, la región venía de años de coyuntura recesiva, especialmente agravada en países con una histórica dependencia financiera de los altos precios de sus principales materias primas de exportación. Como ha señalado The Economist en su índice de fortaleza financiera, países como Venezuela, Argentina, Ecuador o El Salvador, entre otros, muestran posiciones financieras particularmente vulnerables. Algunos de ellos ya han comenzado negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y con otros organismos financieros internacionales, para acceder a nuevas líneas de liquidez y renegociar el pago de las deudas externas.

Las décadas de los ochenta y noventa fueron un experimento de alcance regional para evaluar los resultados de este tipo de colaboraciones entre los gobiernos latinoamericanos y los organismos financieros internacionales. A grandes rasgos, la región mostró parcos crecimientos económicos y aumentos descontrolados de la pobreza y la desigualdad como resultado de las condicionalidades de corte neoliberal aplicadas por el FMI y el Banco Mundial (BM).

Multiplicidad de donantes

Lo cierto es que, en las últimas décadas, el grado de dependencia financiera del mundo en desarrollo respecto del FMI y el Banco Mundial se ha reducido significativamente. Por un lado, otros organismos financieros, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), se han alzado como los principales proveedores de financiación concesional gracias a limitar sus condicionalidades al ámbito comercial. Por otro lado, la cooperación china ha emergido como un actor de primer nivel en el ámbito de la financiación concesional, ofreciendo también una aproximación pragmática en relación con las condicionalidades de la ayuda, eso sí, vinculando esta al acceso a las materias primas de los países receptores. En una línea similar, la Unión Europea sigue potenciando la ayuda en forma de blending (préstamos blandos más subvenciones) y apoyos presupuestarios al conjunto del Tesoro, así como a sectores específicos. La creciente relevancia de un mayor número de donantes limita, en cierto grado, el riesgo de concentrar la concesión de ayuda en un grupo reducido y hermético de instituciones.

Esta nueva retórica pro-Estado choca frontalmente con la realidad macroeconómica que enfrenta una gran mayoría de países en desarrollo

Por último, tanto el FMI como el Banco Mundial han realizado procesos internos de evaluación y de reflexión sobre las políticas implementadas durante las décadas de ajustes estructurales, ofreciendo en la actualidad una visión más matizada y equilibrada sobre cómo y para qué debe condicionarse la ayuda financiera que ofrecen a sus países socios. Por el momento parece que las agresivas políticas de liberalización financiera y comercial, así como de privatizaciones indiscriminadas, no están sobre la mesa de negociación. Además, estos organismos han desarrollado una mayor sensibilidad por la importancia de contar con sistemas tributarios progresivos y un gasto público que permita corregir las disparidades de renta. Por último, también parecen haber entendido la necesidad de adoptar las políticas a los contextos políticos e institucionales específicos de cada país, el one size fits all (la talla única) del reformismo institucional parece ser cosa del pasado.

En cualquier caso, aquellos países con fuertes tensiones macroeconómicas van a enfrentar un reto mayúsculo para conseguir compatibilizar esta situación con sus planteamientos de corte expansivo. Alcanzar la cuadratura del círculo, es decir, ofrecer un cierto grado de estabilidad macroeconómica, al tiempo que se proponen políticas contra cíclicas del gasto público y se expande el Estado de bienestar, exige repensar de forma profunda las políticas fiscales en la región. Es necesario abordar las reformas tributarias pendientes, que maximicen su capacidad recaudatoria y redistributiva, al tiempo que se diseñan estrategias de gasto público que potencien el crecimiento económico, fortalezcan el capital humano productivo y contribuyan a una mayor equidad económica y social.

En el marco de la crisis de la covid-19, con la colaboración de la Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA), se han organizado un ciclo de webinarios sobre políticas fiscales en América Latina y la Unión Europea que han abordado las políticas fiscales de corto plazo, las políticas fiscales contra cíclicas de medio plazo y el papel que debe jugar la cooperación fiscal y financiera en este esfuerzo por una recuperación global que no deje a nadie atrás. Dichos webinarios han sido organizados a través del Programa de la Unión Europea EUROsociAL+, a través de su área de políticas de Gobernanza Democrática en la FIIAPP

Fernando de la Cruz Prego es responsable de Finanzas Públicas del Programa EUROsociAL+ en el área de políticas de Gobernanza Democrática en la FIIAPP.

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