Plan urgente

El Consejo Europeo ha dado el visto bueno, en otra cumbre por teleconferencia, al paquete de ayudas de urgencia contra la crisis económica arbitrado por el Eurogrupo y la Comisión, por un montante de medio billón de euros. Y ha asumido la necesidad de lanzar a medio plazo un Plan de Reconstrucción mucho más amplio de la economía europea, una vez que los principales Estados miembros y el FMI han puesto cifras dramáticas a la grave recesión, de duración incierta, que la actual parálisis sanitaria desencadena. Es más, lo ha encargado a la Comisión.

Este acuerdo de principio no versa aún sobre el contenido concreto del proyecto, menos aún sobre sus detalles, pero ordena su inmediata elaboración. Con un calendario acelerado para su eventual adopción: dentro de poco más de un mes, al inicio de junio, debe aprobarse, para desplegar sus medidas antes de final de año.

Se trata de un ritmo muy brioso para el tradicional— y tantas veces desesperadamente pesado— de la UE. Contrasta con la lentitud de la reacción de esta misma Unión en la Gran Recesión de 2008. Parece así posible aventurar que quizá los europeos han aprendido algunas de las más amargas lecciones de entonces.

A nadie se le escapa, además, que tras las tensas sesiones de la última cumbre y del penúltimo Eurogrupo a nivel ministerial —con la polarización entre Holanda e Italia—, incluso esa luz verde habría sido imposible si hubieran persistido en su estado original aquellos desencuentros. Los líderes han podido discutir informalmente, con carácter previo, el esquema del plan pespunteado por Bruselas, que recoge algunas de las aportaciones planteadas por ellos mismos, sus ministros y gabinetes. Y si no puede afirmarse que se haya verificado el consenso total, sí al menos se aprecia una cierta sintonía generalizada, a la que conviene dar la bienvenida. Porque con la cautela exigida al enjuiciar las propuestas provisionales, conviene anotar que algunos de los pilares básicos de la propuesta son de buena factura; aunque puedan ir acompañados de dudas sobre la suficiencia de su ambición.

Así, el tamaño del Plan, que espera movilizar más de un billón y medio de euros —en la estela de la proposición española—, es inicialmente adecuado si la crisis se desenvuelve aproximadamente en los términos hoy previstos. Como lo es que esos recursos se materialicen a través de una magna emisión de deuda “común” (aún no “mutualizada”) de 323.000 millones respaldados por el presupuesto comunitario. Y gestionados desde las instituciones y sus procedimientos, conocidos y controlados democráticamente, y no mediante inventos intergubernamentales.

Pero este esquema suscita algunos grandes interrogantes y dudas. Principalmente dos, y nada menores. Uno es el reparto de la cuantía entre subsidios (transferencias y fondos estructurales) y créditos: un plan así debe basarse sobre todo en ayudas directas. Y si los primeros cálculos sobre el coste presupuestario de los intereses de la emisión son correctos (500 millones de euros anuales), eso mismo indica que el tamaño de la operación podría incluso ampliarse. La otra duda versa sobre lo que al mismo tiempo es también una ventaja para su rapidez, el despliegue del Plan a través del presupuesto: pero sus recovecos y distintas líneas y fondos pueden dificultar su control y mellar la imagen sobre su impacto real. En todo caso, este Plan es clave. No puede quedarse corto.