Propuesta viable

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acude el jueves al Consejo Europeo con una buena iniciativa para contribuir a la gestión de la mayor crisis económica de la Unión Europea desde la Segunda Guerra Mundial. Ese órgano de gobierno comunitario, además del respaldo a los acuerdos del último Eurogrupo por los que se arbitraron apoyos crediticios destinados a dotar de liquidez a los países por valor de medio billón de euros, tendrá que decidir sobre actuaciones que aseguren la reconstrucción sin endeudar más a los países. Esta es la esencia de una propuesta cuyo núcleo esencial es la creación de un fondo de reconstrucción. Todo ello, con efectos a partir del próximo enero.

La conveniencia de un plan para la reconstrucción tras la crisis no es una novedad, ni una aportación exclusivamente española. Son varios los Gobiernos y analistas que desde hace tiempo convienen en disponer de recursos suficientes para garantizar rápidas y amplias decisiones de inversión. Las dos transiciones enunciadas por la nueva Comisión, la energética, que permita acelerar el cumplimiento de los compromisos medioambientales, y la digital, que facilite la recuperación del terreno perdido en esas tecnologías, serían los destinos fundamentales de las asignaciones de ese fondo a invertir por los distintos países. A diferencia de otros instrumentos, no se trata de crédito sino de transferencias sin retorno a los Estados para que se concreten en decisiones de inversión. Algo que, además, dará señales al ámbito privado y facilitará la necesaria mejora en la productividad de las empresas y en la generación de empleo.

En la propuesta española también se concreta que ese fondo quede bajo el paraguas del presupuesto europeo, susceptible de ampliar su tamaño de forma significativa. El magro 1,114% del PIB que supone ese proyecto de presupuesto no se corresponde con la envergadura de la crisis sobrevenida. Su ampliación debería permitir que el fondo propuesto alcance una dotación de entre 1 y 1,5 billones de euros. La Comisión, con un acceso al mercado en condiciones privilegiadas dada su máxima calificación crediticia, es la que llevaría a cabo emisiones de deuda que la propuesta del Gobierno español considera sea perpetua, sin necesidad de devolver el principal. Serían bonos que solo pagarían el interés, y para cuya satisfacción existirían diversas posibilidades en el presupuesto europeo, incluida la generación de ingresos específicos asociados a los nuevos gravámenes como el que gire sobre las emisiones contaminantes. Entre las ventajas adicionales de esos bonos estaría su inclusión en el programa de compras en el mercado secundario del BCE, aspecto esencial en la viabilidad de la propuesta.

Esta incorpora un relevante tercer apartado de mejora del marco presupuestario plurianual y de avances en la convergencia fiscal. No es frecuente que las autoridades españolas acudan a las convocatorias europeas con propuestas propias, susceptibles de reunir apoyos de otros Ejecutivos y de sortear controversias que generan enfrentamientos como las derivadas de meros enunciados, como los eurobonos o los coronabonos. La que ahora se vehicula en ese no-paper del Gobierno español abre una nueva posibilidad para que los más reticentes Gobiernos del Norte encuentren que se cumplen objetivos razonables sin violar la ortodoxia, más de lo que la tremenda realidad demanda. Esta vez se ha hecho bien.