Exceso de celo

Con pocas horas de diferencia, la Comisión Europea y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, comparecían ante la opinión pública con dos mensajes de tono bien distinto. Bruselas advertía al Gobierno español de las, en su opinión, malas consecuencias que tendría para la estabilidad financiera del país indexar las pensiones al IPC o modificar la reforma laboral de Rajoy “que tanto empleo creó”; Escrivá, por su parte, explicaba en el Congreso las medidas para corregir el déficit de la Seguridad Social, en torno a los 18.000 millones, con la convicción de que el sistema público es solvente. El tono admonitorio de la Comisión, en el sentido de que las pensiones no pueden seguir subiendo si aumenta la inflación, contrasta con la defensa de la política social del Ejecutivo, confiado en las soluciones que propone para reforzar el sistema de pensiones. Soluciones que, no podía ser de otra manera, deben ser tramitadas en la negociación del Pacto de Toledo con los agentes sociales.

La percepción del ministro español se ajusta seguramente más a lo que debe ser la acción política en los próximos meses que las generalizaciones formuladas por Bruselas. Da la sensación de que la Comisión observa la realidad económica y social con un telescopio a través del cual se aprecian los desequilibrios económicos más gruesos y los riesgos más evidentes, pero no se distinguen propuestas más elaboradas. Pero incluso en la distancia, Bruselas debería saber ya que en España se ha puesto en marcha, de forma institucional, la negociación del Pacto de Toledo para proponer una reforma de las pensiones que garantice el futuro del sistema y una negociación laboral que considere qué aspectos de las leyes laborales de Rajoy deben ser modificados.

Las explicaciones de Escrivá pueden ser parciales, en tanto que no exploran a fondo las vías para aumentar los ingresos del sistema. Pero no se puede decir que no haya identificado el problema ni que incurra en la negligencia. Retrasar la edad de jubilación, casi al ritmo marcado por la reforma de 2013, es una propuesta razonable y admitida por todos; reclamar que los Presupuestos se hagan cargo de los llamados “costes impropios” de la Seguridad Social (deducciones, regímenes especiales y gastos de funcionamiento, entre ellos) rebajará sin duda el déficit del sistema de forma eficaz. La reforma de las pensiones, que estará definida este año, según Escrivá, y las modificaciones legales en el mercado de trabajo tienen que encauzarse en un trámite político y social que ya está en marcha. Por tanto, la alarma comunitaria parece excesiva y sus urgencias casan mal con la estabilidad social.

Cosa distinta es el margen que tenga el presupuesto del Gobierno de coalición para absorber los costes impropios o para acometer algunas iniciativas sociales como el ingreso mínimo vital. La presión del déficit público, aliviada solo en parte por la nueva senda de estabilidad financiera, y las dificultades para obtener ingresos, como las detectadas en la llamada tasa Google, restan credibilidad a cualquier gasto nuevo. Quizá la preocupación de la Comisión estaría mejor invertida en ese dumping fiscal tan extendido en la Unión, que compite por ofrecer ventajas tributarias a los grandes grupos económicos y tecnológicos y que tantos ingresos merma a las arcas públicas de los países mediterráneos.