Murcia y su veto

El Gobierno de Murcia debería dar marcha atrás en el bochornoso asunto del veto parental sin esperar a que la justicia se pronuncie sobre la instrucción de la Consejería de Educación que obliga a los centros escolares a recabar la autorización expresa de las familias para que los alumnos puedan asistir a las actividades complementarias decididas por el equipo docente. El Ministerio de Educación presentó el martes un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia contra la decisión del Gobierno autónomo, formado por PP y Ciudadanos, después de que este se negara a acatar el requerimiento para retirar la instrucción. El ministerio alega que la instrucción vulnera el derecho a la educación que la Constitución otorga a los alumnos al priorizar el derecho accesorio de los padres a elegir la enseñanza moral y religiosa de sus hijos e instaurar una especie de objeción de conciencia que no está prevista en la ley y vulnera la normativa básica sobre educación.

Aunque el Gobierno de Murcia ha anunciado algunas correcciones que indican que es consciente del desatino cometido, la forma más coherente de resolver el entuerto es retirar la medida y abandonar la pretensión de modificar la normativa para satisfacer una exigencia de Vox que afecta gravemente a la autonomía de los centros. Las actividades complementarias son obligatorias y evaluables, pueden ser impartidas por personas ajenas al centro y abarcan un amplio abanico de contenidos. Aunque Vox apuntaba a las relacionadas con la educación sexual, en esta categoría figuran por ejemplo las charlas de policías sobre seguridad vial o ciberacoso; los talleres de profesionales sanitarios sobre nutrición o prevención del tabaquismo, o los impartidos por juristas sobre derechos y deberes.

El Ejecutivo murciano tuvo constancia del error que cometía cuando los Gobiernos del PP y Ciudadanos en Madrid y en Andalucía, que también dependen de Vox, rechazaron, sin embargo, la misma exigencia. El seguidismo que hacen en Murcia de los postulados de la ultraderecha ha provocado un conflicto institucional y deteriorado la relación del Gobierno con la comunidad educativa. Al anunciar los cambios normativos para dar rango legal al veto parental, el Gobierno avanzó en enero algunas modificaciones que suponen una pequeña rectificación. Entre ellas, la exigencia de autorización paterna no se aplicará como requisito previo, como indica la instrucción, sino solo en el caso de que la familia lo pida, y tampoco regirá para los talleres y charlas impartidas por funcionarios. Estas rebajas, sin embargo, no afectan al núcleo de la cuestión, pues sigue permitiendo la intromisión de las familias que lo pidan en la actividad docente del centro, público, concertado o privado al que vayan sus hijos.