Caos tributario

La financiación autonómica está bloqueada desde 2014 debido al desinterés de los últimos Gobiernos del PP y a la debilidad del primer Gobierno de Sánchez. Desde 2015 las comunidades autónomas se ven obligadas a sobrevivir financieramente sin capacidad alguna para tomar decisiones relevantes en lo que se refiere al gasto y con limitaciones estrictas en el ámbito de los ingresos. El anuncio de la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, de que en noviembre estará listo un nuevo modelo de financiación autonómica debería interpretarse pues como el principio del fin de una situación absurda, sobre la que no se ha dado explicación política alguna, y una oportunidad para acordar un mecanismo estable que acabe con los estrangulamientos económicos que sufren algunas comunidades.

El anuncio de la ministra cobra un interés añadido porque se ha pronunciado sobre uno de los problemas más graves de la estructura impositiva española. En su opinión, compartida por los expertos que conocen los vericuetos del modelo descentralizado de fiscalidad, el nuevo sistema de financiación, cuyo principal objetivo es una distribución eficiente de los recursos en función de los parámetros regionales pactados, debería incluir un esquema de armonización de los impuestos cedidos; en particular, el Impuesto sobre el Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones. Porque la competencia fiscal entre los Gobiernos de las comunidades ha convertido la declaración de los impuestos citados en un caos inmanejable para sus propios responsables autonómicos.

Algunas de ellas, en especial las del PP, compiten por bajar o simplemente eliminar los impuestos sobre el Patrimonio y Sucesiones por razones diversas, desde las ideológicas hasta la avidez por atraer declarantes o el propósito de captar votos de la manera más fácil. Eliminar tributos no requiere habilidades de gestión. El resultado es que las comunidades más ricas suprimen cargas fiscales mientras que las más pobres se ven obligadas a aumentarlas. Con el añadido de que aquellas que eliminan impuestos no se privan de reclamar más recursos al Gobierno cuando llega la ocasión y trasladan el coste de su decisión a las arcas del Estado.

Ninguna Hacienda pública con el grado de descentralización de la española puede operar con eficiencia en plena vorágine del dumping fiscal entre regiones. A largo plazo es un suicidio recaudatorio, a medio genera desigualdad y a corto enciende la irritación de quienes se ven obligados a subir los impuestos cedidos. La armonización impositiva responde a una sensatez de manual, pero ha bastado su simple mención para que el consejero de Hacienda de Madrid haya interpretado abusivamente que “se quiere subir los impuestos obligatoriamente a todos los madrileños”. Una vez más, a una propuesta racional se opone un cliché con una dosis elevada de demagogia cuyo primer efecto es eliminar el debate y sustituirlo por la confrontación.

Una armonización bien pactada no coartará la libertad de los Gobiernos autonómicos para manejar los impuestos cedidos. Y, por cierto, el nuevo modelo debería incluir la obligación de que todo tributo eliminado sea sustituido por otro de igual capacidad recaudatoria. Como pidió en su día la Comisión de Expertos de Financiación Autonómica auspiciada por el Gobierno de Rajoy.