Desastre medioambiental

El desmoronamiento del vertedero de Zaldibar, que ha costado la vida a dos trabajadores, ha abierto una crisis medioambiental que ha impactado de lleno en la precampaña electoral vasca. El lehendakari, Iñigo Urkullu, y varios consejeros comparecieron ayer ante la Diputación Permanente del Parlamento vasco para explicar el colapso de la escombrera y el alcance de la alerta sanitaria decretada en las inmediaciones de la zona por la presencia de partículas tóxicas en el aire. Más allá del debate político e incluso de la instrumentalización electoralista de la tragedia, la primera obligación del Ejecutivo autónomo es garantizar la seguridad de los vecinos y depurar responsabilidades para evitar que se repitan desastres ecológicos de esta magnitud.

Detrás de la catástrofe de Zaldibar se vislumbra un cúmulo de negligencias en el control y la vigilancia de un vertedero sobre el que los trabajadores venían advirtiendo de la existencia de grietas en la estructura de la gigantesca montaña de residuos, entre ellos materiales potencialmente nocivos como el amianto. Las últimas inspecciones catalogaron de “malo” el cumplimiento de las condiciones ambientales de la firma propietaria de la instalación, Verter Recycling, y apreciaron 23 “desviaciones”, si bien ninguna estaba vinculada a la estabilidad del terreno.

La petición de perdón de Urkullu reconociendo errores en la gestión de la crisis resulta encomiable pero insuficiente, pese a que, como subrayó, se trataba de una situación excepcional, impredecible y de urgencia. La oposición criticó el intento de minimizar los efectos de una tragedia sobre la que todavía pesan un rosario de interrogantes.

El primero es determinar hasta qué punto los sistemas de inspección fallaron o no fueron suficientemente rigurosos a la hora de detectar irregularidades en la escombrera. También se deberán esclarecer si los materiales con amianto u otros metales peligrosos habían sido convenientemente tratados y hasta qué punto han estado expuestos los bomberos y el personal de emergencia a este agente cancerígeno al inicio de las labores de rescate de los operarios desaparecidos. Los vecinos de Zaldibar y de las localidades colindantes merecen una explicación convincente sobre la presencia de furanos y dioxinas hasta 50 veces más de lo normal en el aire que respiraban. Estos niveles de contaminación han generado una lógica inquietud entre la población, que en ocasiones ha recibido información confusa. Solicitar que no se ventilen las casas o no se practique deporte al aire libre no son precisamente recomendaciones tranquilizadoras.

Al margen de la investigación judicial abierta para determinar un presunto delito laboral y medioambiental, parece obvio que la Administración no ha actuado de forma eficiente. Al Gobierno vasco le corresponde ahora culminar la auditoría sobre los antecedentes y causas del derrumbe, esclarecer las responsabilidades y redoblar los mecanismos de prevención, inspección y sanción.