Las contradicciones de las políticas migratorias en España

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El pasado 18 de enero, los titulares y artículos recogían las declaraciones del nuevo ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Aparece afirmando que la economía necesita millones de inmigrantes y que estos salvarán el sistema de pensiones. Escrivá, incluso, lo concreta en datos asegurando que sería conveniente recibir unas 270.000 personas cada año para garantizar la viabilidad de las jubilaciones y, al mismo tiempo, asegura que "habrá trabajo para todos". La baja natalidad solo puede ser compensada por la inmigración, que ayudará a hacer frente a las necesidades laborales existentes y futuras. Sorprende la afirmación, pero no se convertirá en una realidad si no se implantan políticas públicas efectivas de apoyo a la familia y al fomento de la natalidad. Al mismo tiempo, el nuevo Gobierno también rompe con la perspectiva negativa sobre las pensiones, ya que muestra la inmigración como una oportunidad en un momento en que para algunos genera rechazo o es vista como una fuente de problemas.

Ese mismo día por la tarde, varios centenares de personas, convocadas por el servicio jesuita a migrantes, Migra Studium, participamos en la vigilia de oración ante el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona. Allí pudimos escuchar los testimonios de personas que por no tener permiso de residencia han sido internadas –o más bien encerradas– en este centro, a la espera de ser expulsadas por vía administrativa del territorio español. Padres que dejan mujer e hijos, jóvenes que habían disfrutado de permiso de residencia y ahora ya no lo tienen, menores de edad sin papeles interceptados por la policía en plena calle. Escuchamos historias humanas, algunas de ellas desesperadas, de personas que ven roto su proyecto migratorio y de vida, por el que se lo han jugado todo. Unas esperanzas de futuro rotas, en algunas ocasiones, incluso antes de comenzar a construirse. Tampoco debemos pasar por alto otra realidad injusta: en la gran mayoría de casos, las personas encerradas en los CIE ni siquiera han cometido la más mínima falta.

Ser migrante no es fácil en un sistema que pone la zancadilla de manera sistemática

Ser migrante no es fácil en un sistema que pone la zancadilla de manera sistemática. Conocemos de primera mano lo que cuesta obtener la documentación para un menor que ha llegado a nuestro país sin acompañamiento familiar. Deben pasar años durante los cuales, si tiene más de dieciséis años, no puede ser escolarizado en el sistema reglado. Tras ese espacio de tiempo y solo después de dos años acreditados, este menor puede obtener el permiso de residencia en el supuesto de que cuente con una oferta de contrato laboral. Durante este proceso, únicamente si es menor y encaja dentro de los parámetros de acogida que ofrece la Administración, tendrá un lugar donde vivir, digno y seguro. En este caso, ¿cómo tienen que hacer los menores para formarse y acceder a propuestas laborales? Se trata de un clásico caso de pez que se muerde la cola, un laberinto sin salida en el que muchos se quedan por el camino. Un talento perdido que ha quedado patente que precisamos para nuestra economía.

Las declaraciones del ministro Escrivá son claras: necesitamos personas inmigrantes para que nuestro sistema funcione y estas personas requieren de oportunidades para poder desarrollar sus proyectos de vida. De entrada, la solución a esta situación parece simple, pero hay más factores que desempeñan un papel clave en esta ecuación, en ocasiones, de resolución casi imposible. Llegados a este punto, nos tendríamos que plantear diversas preguntas: ¿Cómo podemos vulnerar la dignidad humana de los migrantes si además los necesitamos? ¿Cómo podemos devolverlos a su país de origen, sin intervención del sistema judicial, por no disponer de unos documentos que les negamos? Todas son propuestas que se contradicen con un sistema en el que estas personas todavía no tienen un encaje que les permita formar parte de nuestra sociedad sin tener que pagar un precio tan elevado. Llevamos décadas arrastrando las consecuencias de una problemática que va más allá de las estadísticas. No estamos hablando de números, sino de personas, y necesitamos de políticas valientes que hagan frente a un reto que conformará nuestra realidad económica y social de las próximas décadas.

Josep Oriol Pujol es director general de la Fundación Pere Tarrés.