Tribuna
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Salvar los privilegios del catolicismo

Desde que se anunciara el Gobierno de coalición, los obispos no han cesado de expresar públicamente su inquietud

Luis Argüello, portavoz de la Conferencia Episcopal.
Luis Argüello, portavoz de la Conferencia Episcopal. F. Alvarado (EFE)

La locuacidad de los obispos españoles suele dispararse en campañas electorales y con motivo de la constitución de nuevos Gobiernos. En esas situaciones son la Conferencia Episcopal española y no pocos obispos quienes acostumbran a publicar documentos y hacer declaraciones para orientar el voto no solo de las personas católicas, sino de toda la ciudadanía, creyéndose una especie de oráculos de la inexistente “ley moral natural”, de la que se consideran legítimos intérpretes.

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Las orientaciones del voto tienden a centrarse en temas relativos al origen y el fin de la vida, la familia y sus modelos, la sexualidad, el feminismo, etcétera, y en la mayoría de los casos inclinan la balanza a favor de partidos y coaliciones de derechas, y sus propuestas son un calco de las de dichas organizaciones. Se oponen a la que llaman “ideología de género” —que en realidad no existe, sino que es una invención suya—, al matrimonio igualitario, al LGTBI, al divorcio, al aborto, a las relaciones prematrimoniales, a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, a la eutanasia... Y lo hacen con frecuencia en un tono recriminatorio para quienes no siguen sus orientaciones y disuasorio hacia al electorado para que no voten a los partidos que no siguen sus consignas.

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A su vez, defienden la vida desde el mismo momento de la concepción, la indisolubilidad del matrimonio, la familia patriarcal, el ideario católico en los centros, el mantenimiento de la enseñanza de la religión confesional en la escuela, etcétera. A las mujeres apenas las citan salvo para condenarlas por prácticas abortivas, que llevan aparejada la excomunión, oponerse al reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos, que reducen simplistamente a la interrupción voluntaria del embarazo, o confundir sus reivindicaciones de emancipación y libertad con el libertinaje y el pansexualismo.

Desde que se anunciara el Gobierno progresista de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, los obispos han redoblado sus temores y sospechas y no han cesado de expresar públicamente su inquietud, su temor, “mucha perplejidad y un horizonte incierto” y de alertar sobre el peligro de que se reproduzcan capítulos penosos de la historia de España. Así se ha manifestado el cardenal Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal española (CEE), que ha pedido estar atentos a los cambios que pueda llevar a cabo el nuevo Gobierno en temas como los colegios concertados católicos, la clase de religión y la eutanasia.

“La Iglesia no quiere privilegios, pero tampoco discriminaciones. No quiere estar por encima de la ley, pero tampoco ser menospreciada”, ha declarado el secretario general de la CEE, Luis Argüello. No los quiere, pero los tiene y muy numerosos, y se niega a renunciar a ellos. No desea estar por encima de la ley, pero lo está en relación con otras tradiciones religiosas. Los obispos acostumbran a considerar derechos lo que son privilegios y, en cuanto se toca mínimamente alguno de ellos, ponen el grito en el cielo y lo califican de persecución.

Sucede, sin embargo, que en el acuerdo del Gobierno de coalición ni siquiera aparece la derogación de los anacrónicos, preconstitucionales y anticonstitucionales Acuerdos con la Santa Sede de 1979, cuando tanto el PSOE como Unidas Podemos la han defendido en sus programas. Al no derogarlos se mantienen intactos los privilegios de los que viene disfrutando la jerarquía católica desde tiempos inmemoriales: educativos, culturales, jurídicos, políticos, urbanísticos, económicos, fiscales e incluso militares. Son todos privilegios sin ninguna contrapartida, sin los correspondientes deberes; son todas exigencias que debe cumplir el Gobierno de turno, sobre todo cuando es de izquierdas. Con los partidos de derechas las demandas resultan menos exigentes y las reivindicaciones más moderadas.

Pero quizá las reacciones más sorprendentes ante el nuevo gobierno han sido las del cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, y del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz. El primero ha vuelto a clamar por la unidad de España, como hiciera siendo arzobispo de Toledo. Y lo ha hecho en un tono apocalíptico, hablando de “tiempos de secularización y de eclipse de Dios”, del “silencio de Dios” que “lacera nuestro mundo y nuestra cultura”, de la “hora crucial y de emergencia” y del “futuro incierto que vivimos ahora en España”. Por ello pide encarecidamente “elevar oraciones especiales por España” en todas las Misas, en los conventos de vida contemplativa, en los hogares, y termina su carta pastoral del 3 de enero del nuevo año: “Os lo repito: Orad por España”. Cañizares incorpora así la unidad de España al dogma nacionalcatólico en plena coincidencia con la derecha y la ultra derecha. El arzobispo de Oviedo se ha dirigido a la Virgen de Covadonga al grito de “Santina, sálvanos y salva a España”. ¿Salvar de qué, señor arzobispo? ¿De su homofobia, antifeminismo, integrismo y de sus ataques a la Ley de Memoria Histórica? Si es para eso, que la Santina le escuche y haga el milagro.

Juan José Tamayo-Acosta es director Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones. Universidad Carlos III de Madrid. Sus últimos libros son: ¿Ha muerto la utopía? ¿Triunfan las distopías? (Biblioteca Nueva); Hermano Islam (Trotta).

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