Castigo al fujimorismo

Las elecciones legislativas extraordinarias que se celebraron el domingo en Perú suponen la culminación constitucional con éxito de una grave crisis política e institucional en la que se sumió el país andino el pasado septiembre y que de no haber sido conducida de acuerdo con la más estricta legalidad hubiera provocado un caos de imprevisibles consecuencias.

El nuevo Congreso —dado su carácter excepcional— apenas tendrá un mandato de poco más de un año, por lo que entra en la lógica que su dinámica esté marcada por la campaña electoral de los comicios que deberán celebrarse en julio de 2021. El resultado de las urnas ha conformado un panorama político muy fragmentado, con la centroderechista Acción Popular como formación más votada, pero lejos de una mayoría absoluta. El segundo puesto alcanzado en votos por el Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap), un partido ultraconservador y mesiánico, supone una señal de alarma. Con su presencia en el Congreso, gozará de un excelente altavoz ante la campaña electoral que se avecina.

Pero lo más significativo es el hundimiento del fujimorista Frente Popular, que ha pasado de ser la mayor fuerza opositora al sexto puesto en número de votos. Es la demostración de que los votantes han identificado sin dudas al causante de la grave crisis institucional que vivió Perú el año pasado. Fue precisamente el bloqueo impuesto por el fujimorismo en el Congreso —con el único objetivo de forzar una parálisis política— lo que llevó al presidente, Martín Vizcarra, a utilizar sus poderes y disolver la Cámara. El fujimorismo también pretendía modificar la composición del Tribunal Constitucional con el fin de influir en las causas por corrupción en curso contra representantes de este movimiento político, empezando por su líder, Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, quien gobernó Perú de manera dictatorial desde su autogolpe de 1992 hasta 2000. Con la nueva composición del Parlamento, ya no tendrá fuerza para hacerlo.

La fragmentación y excepcionalidad del nuevo Parlamento no debería ser un obstáculo para que sus miembros traten de abordar algunas cuestiones urgentísimas que tiene el país. La primera, la lucha contra la corrupción, un mal que es el causante de toda la crisis. Es preciso que se lleven hasta sus últimas consecuencias las investigaciones y procesos de escándalos de corrupción política en los cuales se hallan implicados varios expresidentes del país. El que Perú sea el país del hemisferio occidental con menos confianza en sus instituciones políticas de acuerdo con el barómetro elaborado por la Universidad de Vanderbilt responde directamente a esta situación. Las elecciones han cerrado formalmente una crisis institucional, pero sus causas últimas siguen abiertas.