Realidad completa

La dirección de Esquerra Republicana de Catalunya revalidó su mandato en el congreso del partido celebrado este sábado que, además, avaló la estrategia de buscar un acuerdo con el Partido Socialista para la investidura de Pedro Sánchez. El incontestable respaldo a la ponencia política presentada por la dirección refuerza la posición negociadora de ERC, al dotarse de un amplio margen para conducir los contactos. En contrapartida, hace recaer sobre sus inminentes decisiones una trascendental responsabilidad en la situación política general. Porque de ERC depende no solo que Sánchez sea investido, sino también que Cataluña disponga de unos Presupuestos: si cierra la puerta a lo primero, los Comunes la cerrarán a lo segundo.

La dirección encabezada por el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha tratado de proyectar sobre el Partido Socialista parte de esa responsabilidad, vinculando la continuación de los contactos, hoy interrumpidos, a la posición que adopte la Abogacía del Estado ante el reciente fallo de la justicia europea sobre las garantías procesales en el juicio contra Oriol Junqueras. Resulta paradójico que ERC haga depender los contactos de lo que vaya a decir ahora la Abogacía del Estado, puesto que, en realidad, ésta ya sostuvo en el momento procesal oportuno, y no como mero gesto, exactamente lo mismo que acaba de recordar el Tribunal de Luxemburgo. Pero es que, además, la posición de la Abogacía no es determinante en las decisiones del Tribunal Supremo, como quedó de manifiesto cuando, en junio, defendió sin éxito que Junqueras debía ser autorizado a recoger su acta europea. Más allá de esta condición suspensiva que vulnera la separación de la justicia y la política reclamada por la propia ERC, el principal obstáculo que planea sobre el acuerdo con los socialistas sigue siendo la naturaleza de la mesa para abordar la crisis territorial en Cataluña. El hecho de que ERC haya vuelto a poner el acento en el marco más que en el contenido (el contenido del acuerdo es el marco del diálogo, sostienen) es la demostración implícita de una evidencia que el independentismo se ha negado a reconocer desde que adoptó la estrategia unilateral: la Constitución de 1978 no prohíbe ningún programa político, sino que establece procedimientos reglados para llevarlos a la práctica. Por este motivo el eventual marco de negociación acordado por los socialistas y ERC no puede ser un atajo para sortear esos procedimientos, ni tampoco contener ambigüedades al respecto.

El independentismo ha denunciado, y con razón, la ofensiva retórica desde la que le han criticado algunos sectores políticos y de opinión. Por su parte, no parece consciente de los devastadores efectos que ha provocado su propia retórica, tanto entre sus partidarios, invitando a deslegitimar las instituciones democráticas, como entre sus adversarios, estimulando los peores instintos. La dirección de ERC no evitó el sábado esa retórica, hablando de judicialización de la política para explicar que sus líderes se encuentren en prisión o en el extranjero. Es solo la mitad del problema. La otra mitad es que el procés se basó en la politización de la ilegalidad, llegando a condescender con la violencia. La ocasión es propicia para que triunfe un principio de realidad en todas direcciones. Bastaría con que abarcase la realidad completa.