El precio

Nunca desde 1977 la elección de nuevo Gobierno se había presentado abierta a un escenario tan complejo. Tal es el resultado de la secuencia que desde el acuerdo poselectoral de la izquierda llevó al desarrollo de las gestiones para configurar una mayoría de investidura. Inicialmente, tras el 28-A, un acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos (UP) resultaba ya la solución más atractiva. Lo denominé aquí “un socialismo de lo posible”. El resto es conocido, hasta el vuelco dado a la situación por Pedro Sánchez al día siguiente del 10-N. Vista la intransigencia de Pablo Iglesias, rendición total.

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Ante el espectro de unas terceras elecciones, parecía una salida lógica. No lo fue por la forma. Ya no hubo convocatorias a PP y Ciudadanos para explorar una alternativa, y sobre todo, según crónicas fiables, Pedro Sánchez saltó por encima de un debate en la Ejecutiva, para de inmediato escenificar el abrazo con Iglesias. Había argumentado antes puntualmente su rechazo a hacer más concesiones, recibiendo un chaparrón de censuras de Unidas Podemos. Ahora sin explicación alguna, con Iglesias vicepresidente, la coalición era “ilusionante”. La democracia interna quedó tocada, con el papel de la ejecutiva sustituido por un teledirigido plebiscito de ratificación. Tampoco los ciudadanos, aunque respalden el acuerdo, tienen poco de qué felicitarse ante el secreto que presidió las actuaciones de los dirigentes. Además, mirando al pasado inmediato, nada excluye que estos digan una cosa y hagan luego otra diferente.

Porque los grandes temas, la política económica y la cuestión catalana, se prestan a rentables cortinas de humo durante la pre-investidura. La coalición debe formular políticas correctoras de la desigualdad y asistenciales, frente al enfoque neoliberal, sin por ello desoír las exigencias de equilibrio presupuestario, esto es, cuantificando las ofertas. El pronóstico es aquí favorable.

Sobre la cuestión catalana, el dilema es asimismo grave. Por la fuerza de las cosas, no se trata de sentar las bases políticas de un entendimiento, sino de que Esquerra Republicana se abstenga. Y el precio a pagar será alto, porque ERC no puede volverse de pronto constitucionalista. Así que habrá que jugar al escondite con la opinión, garantizando una constitucionalidad que los catalanistas rechazan, sobre la base de un black friday de ofertas económicas y normativas. Un “nuevo sistema de financiación autonómica” supondrá acercarse, dando un rodeo, a la posición privilegiada de Cataluña en el “pacto fiscal” exigido por Artur Mas. En momento posterior, la prestidigitación propuesta por Iglesias sobre la “consulta” que en principio no es referéndum y luego sí lo es, puede servir de recurso para salvar el obstáculo del “fundamentalismo constitucional”. El PSOE tiene guardado un proyecto federal, pero Pedro Sánchez y Miquel Iceta prefieren un tacticismo de supervivencia. Mientras sigue la transitoriedad.