En el Estado

El Partido Socialista inició este jueves en el Congreso de los Diputados los contactos políticos para explorar la posibilidad de que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) facilite la investidura de Pedro Sánchez mediante su abstención. La elección del lugar del encuentro no fue casual. Como tampoco se abandonaron a la improvisación los mensajes con los que ambos partidos acudieron a la reunión ni la redacción de los respectivos comunicados para valorarla y comprometerse a nuevos encuentros. En la estrategia de una y otra formación, estas cautelas tratan de mantener un espacio a salvo de presiones internas y exteriores mientras se desarrollan los contactos, que podrían prolongarse hasta principios del próximo año. Pero existe además una realidad política de fondo, creada por las acciones del independentismo, que exige que las palabras de los negociadores dentro y fuera de la sala estén rigurosamente medidas, y más si finalmente logran su objetivo y lo plasman en un documento público obligado: ningún acuerdo será viable sobre la base de la ambigüedad.

El derrotero emprendido por el independentismo tras la crisis del Estatut provocó una profunda división de la sociedad catalana, al reclamar desde la Generalitat una negociación con el Estado y no en el Estado, que es lo único para lo que lo legitiman los votos que recibe. Las sombras de este desplazamiento semántico, a la vez temerario y ventajista, se proyectaron sobre la gestión de las protestas contra la sentencia del procés, en las que, salvo los Mossos, las instituciones catalanas desempeñaron un equívoco papel frente a los grupos violentos, deteriorando la convivencia en ciudades como Barcelona. Y esas mismas sombras podrían sobrevolar las reuniones iniciadas esta semana si los partidos, los que participan en los contactos y los que los condenan de antemano, confunden el pacto para investir un Gobierno con una negociación para resolver la crisis en Cataluña.

Eso es lo que pretenden las condiciones exigidas públicamente por ERC al Partido Socialista, y que las restantes fuerzas independentistas están llevando al paroxismo. El ensueño que siguen acariciando es obtener una victoria tanto si el Partido Socialista las acepta como si las rechaza, porque, de acuerdo con su lenguaje, en un caso habrían hecho claudicar a España y, en el otro, España se habría negado a dialogar.

Lo más paradójico de esta posición es que no difiere de la de las formaciones que, desde el lado no independentista, dan por descontado que las conversaciones únicamente asegurarán la investidura si el Partido Socialista asume ante ERC el compromiso de violentar el orden constitucional, disponiendo de él unilateralmente y en su propio beneficio. Para bien y para mal, nada está escrito.

La única alternativa real a la que se enfrenta ERC, así como el independentismo que haya extraído las lecciones de su fracaso, es decidir un Gobierno para España, no una solución para Cataluña, que solo podrá ser abordada entre todos. De la misma forma, los partidos que se oponen a una investidura mediante la abstención de ERC están obligados a fijar con claridad a qué se comprometen para conseguir un Gobierno que gobierne, en lugar de desentenderse de sus responsabilidades e impedir en términos prácticos cualquier salida. Prolongar los juegos tácticos a la espera de los errores que pueda cometer el Partido Socialista en su intento de pactar con los independentistas no es una estrategia que resuelva la parálisis política, gravemente perjudicial para la crisis territorial y potencialmente devastadora para la que amenaza a la economía.

Por el contrario, es la estrategia de quienes, como los independistas, y con idéntica temeridad e idéntico ventajismo, prefieren hacer política con el Estado y no en el Estado. Aunque las razones que aleguen sean las opuestas.