Del poder total a la renuncia del poder

Cómo pasó Evo Morales Ayma de ser un presidente ungido por las mayorías a renunciar presionado por las protestas sociales? La pregunta no tiene una respuesta en la coyuntura actual, sino en la acumulación del malestar político, en la defensa del voto y la soberanía del pueblo. La situación política del país no puede ser entendida sin una referencia al referéndum de 2016. Un hito que marcará el descenso paulatino en la confianza y credibilidad del entonces presidente de Bolivia, a pesar de sus logros sociales y económicos.

Morales ganó las elecciones de 2014 con el 63,36% de los votos, consolidando su liderazgo con un tercer mandato (2015-2020) que nunca debió ser: la Constitución Política del Estado prevé la reelección continua una sola vez. Pero una interpretación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) estableció que el verdadero primer mandato de Morales fue el de 2010 a 2015 ya que, según los magistrados, entre 2006 y 2009, el Estado Plurinacional no había nacido y seguía prevaliendo el “viejo Estado”. El deseo de garantizar una respostulación para buscar un nuevo mandato (2020-2025) embarcó al partido gobernante en un peligroso proceso de desgaste en la opinión pública. Aceleró sus tiempos e impulsó un referéndum que perdió.

La ciudadanía rechazó con el 51,3% de los votos la repostulación de Morales y Álvaro García Linera, pero el Gobierno argumentó que su derrota fue producto de la “mentira”, refiriéndose al escándalo que salpicó al mandatario, acusado de tráfico de influencia tras favorecer a una empresa china vinculada a su expareja. Negando su derrota, buscaron un nuevo mecanismo para forzar la repostulación. Acudieron nuevamente al TCP, que estableció que las autoridades pueden ser electas sin límites ni restricciones. Seis magistrados interpretaron que la reelección de una autoridad es un “derecho humano”, “amparado” en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por encima de la voluntad de 2.682.517 ciudadanos, que rechazaron una cuarta repostulación. Este es el antecedente para comprender el desenlace de los hechos recientes.

Un ministro advirtió con convertir el país en un “Vietnam” y el vicepresidente alertó de una “insurrección” del ganador

Uno de los principios fundamentales de la Constitución boliviana es que “la soberanía reside en el pueblo”, es decir, nada está por encima de la voluntad del pueblo, un concepto que en el caso de la repostulación ha sido quebrantado. En este periplo de repostulaciones, los partidos opositores participaron del proceso electoral, desconfiados de que Morales acepte los resultados, más aún si éste le era desfavorable.

En 13 años, nueve meses y 18 días de mandato ninguna oposición había tenido la fuerza electoral para derrocar a Morales, ni la capacidad de movilización para ponerlo en jaque. No obstante, lo que los partidos tradicionales no lograron lo hizo una generación que solo conoció a este Gobierno. Las manifestaciones, con una fuerte presencia juvenil al inicio, se movieron por una sola causa: la “defensa de su voto”. Evitar que le “escamoteen” los resultados, ante los graves señalamientos de fraude, provocados por un cuestionado y deslegitimado Tribunal Supremo Electoral. Interrumpir sin explicación casi 24 horas el conteo rápido de votos —con datos que confirmaban la necesidad de ir a una segunda vuelta— y que luego estos se vuelquen a favor de Morales, desató la desconfianza y una ola de manifestaciones imparables.

Carlos Mesa, el segundo favorito en los comicios, que había llamado a la movilización para que se respete la segunda vuelta, fue superado con la irrupción del líder cívico y empresario de corte conservador de la región oriental de Bolivia (Santa Cruz), Luis Fernando Camacho, quien lanzó la consigna más desafiante de nuevas elecciones y llegó a pedir la renuncia del presidente. Camacho articuló a los sectores más descontentos en contra del Gobierno. Empezó un paro de 21 días en el bastión de la oposición, Santa Cruz, que se extendió a otras regiones. Se arropó de un discurso radical basado en la fe, prometiendo meter de nuevo la Biblia en Palacio de Gobierno.

El Gobierno defendió los resultados, endureció su discurso amenazando con un “cerco” a las ciudades, un ministro advirtió con convertir el país en un “Vietnam”, el vicepresidente alertó de una “insurrección” del ganador. Discursos que solo fortalecieron la resistencia en las calles frente a la represión policial. Dos hechos marcaron el destino de Morales el 10 de noviembre, cuando renunció: el lapidario informe de auditoría de la OEA, solicitado por el mismo Gobierno, que estableció “graves” irregularidades en el proceso. Y la decisión de las Fuerzas Armadas de sugerir su renuncia, en un escenario de levantamiento popular y convulsión social con la posibilidad de un enfrentamiento entre civiles, exacerbado por discursos raciales y discriminatorios. Amenaza que no ha sido superada.

Bolivia no ha culminado la mayor crisis política de estos últimos 13 años. Un nuevo Gobierno transitorio que tiene como prioridad llamar a nuevas elecciones, no cuenta con mayoría en el Congreso para garantizar este propósito. Mientras el Movimiento al Socialismo (MAS) se rearticula, el expresidente Morales desde su “asilo” en México lanza líneas políticas a través de sus organizaciones sociales y de instituciones que controla, lo que hace inviable una transición hacia un nuevo Gobierno que tendría que asumir el 22 de enero de 2020.

Nancy Vacaflor es periodista política de la Agencia de Noticias Fides.