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Columna
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Índice global de impunidad para Colombia

Hay departamentos que son enclaves autoritarios, donde no hay oposición, control político ni autonomía de poderes

Ariel Ávila
Vehículos de policía en una zona rural de Jamundí, Valle, en Colombia.
Vehículos de policía en una zona rural de Jamundí, Valle, en Colombia. LUIS ROBAYO (AFP)

La Universidad de las Américas de Puebla (México) y la Fundación Paz y Reconciliación (Colombia) han dado a conocer el informe sobre el Índice Global de Impunidad. A nivel mundial, Colombia se ubica en quinto lugar en niveles de impunidad, le gana Brasil, México y obviamente Venezuela. Dentro del país se analizaron 33 entes territoriales, es decir, los 32 departamentos más la capital.

Al analizar los resultados en el interior del país surgen conclusiones dramáticas. Valdría la pena mencionar tres de ellas. La primera es que Colombia ha creado una especie de apartheid geográfico, donde siete departamentos del país concentran más de 50% de la representación política, cerca del 60% del PIB nacional y la mayor cantidad de la oferta en materia de seguridad y justicia. Mientras que hay departamentos que no tienen siquiera una cárcel y que se encuentran totalmente aislados. Dicho aislamiento los ha convertido, en varios casos, en verdaderos Estados mafiosos, es decir, han creado una estructura de regulación social y política paralela al Estado de derecho. Clases políticas aliadas con organizaciones criminales se han perpetuado en el poder y han gobernado por décadas en estas zonas. Se da lo que se conoce como autoritarismos competitivos, pero a nivel regional. Son enclaves autoritarios donde no hay oposición, control político ni autonomía de poderes.

La segunda conclusión es más dramática, y es que los departamentos que más han sufrido el conflicto armado son los que están en ese apartheid geográfico. Es decir, luego de más de sesenta años de conflicto armado no quedó nada. Tal vez algunos policías y militares más que el promedio del país, pero luego de décadas de guerra nunca se construyó Estado, nunca se crearon mercados legales, sistema de justicia funcional o un sistema educativo de buena calidad. Billones de pesos gastados en supuestos planes para sacar estas zonas de la extrema pobreza y los ciclos de violencia y al final no quedó nada, es como si todo este dinero se hubiera botado en la basura.

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Una tercera conclusión es que los niveles de impunidad son sencillamente increíbles. A nivel país se concluye que, del total de delitos, el 71% se encuentra en etapa de indagaciones previas. De estos solo el 27% están activos, mientras en etapa de investigación la cifra de procesos activos alcanza un alarmante 1%. Sucre, que es el departamento peor calificado, tiene los siguientes datos: para 2018 se registraron 17.038 delitos y 12.812 (75,2%) se reportan en indagación, pero tan solo 1.621 (9,5%) se encuentran activos y avanzando de manera efectiva. Solo 148 casos llegaron a la etapa de investigación, divididas en 103 activas y 45 inactivas; 464 delitos se encuentran en etapa de ejecución de penas y 1.195 personas se encuentran detenidas en las cárceles del departamento. Además, el departamento de Sucre tiene: 1. Presencia actores armados ilegales y corredores estratégicos para el narcotráfico. 2. Su índice de transparencia es de 50,6%, lo que lo ubica en el puesto 26, dentro del grupo de corrupción alta. 3. Aporta tan solo el 0,82% al PIB nacional.

El departamento mejor ubicado es Tolima, en el centro del país. Allí, se presentaron 39.774 delitos. Del total de delitos, 27.194 (68,3%) se encuentran en indagación y tan solo el 1,2% del total se está investigando. El porcentaje de estados activo, tanto de indagación como de investigación, se reduce aún más drásticamente alcanzando el 27,5% y el 0,8% respectivamente. Finalmente, del total de delitos llegaron a condena 1.694.

El balance es realmente complejo, pues la estrategia para poner fin al apartheid geográfico no existe. De construirse tardará años en dar frutos, y todo parece indicar que no hay una voluntad política para construirla.

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