Pleitos tengas

Hace años, tenía muy mala fama eso de judicializar la política. Si uno recurría a los tribunales parecía que traicionaba una ley no escrita del gremio, por la cual lo que pasa en la arena política se queda en la arena política. Pero en su origen, la actividad ya nace judicializada, puesto que se trata de un elemento fundamental de control en el reparto de poderes. Es tan así que incluso las dictaduras más duraderas impusieron una judicatura que permaneció activa cuando esos países recobraron la libertad. Hasta ese grado de autonomía judicial tiene que llegar la simulación democrática para ser aceptada por los ciudadanos. Todo el mundo sabe en su vida civil que es conveniente evitar las instancias judiciales para resolver los conflictos. Un acuerdo templado es mejor receta que ponerse en las manos frías de una autoridad técnica, en muchos casos lenta y poco proclive a escuchar las lamentaciones emocionales de cada cual. Así que lo que ocurrió cuando se judicializó la política es algo que sabían ya los matrimonios y los socios de negocio, los trabajadores y los empresarios, que al final del proceso un juez impondrá sobre otras prioridades personales un nuevo ciclo horario de obligado cumplimiento, al margen de tus intereses.

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Por eso fueron rechazables las expresiones afrentadas y fuera de sí que muchos sectores de la izquierda reprocharon al Gobierno cuando emprendió el proyecto de exhumación de Franco del Valle de los Caídos y se prestó a concederle toda la autoridad al Tribunal Supremo para la solución final. Fue este tribunal quien finalmente quitó de la cabeza algunas ideas a la familia del dictador, ideas basadas en décadas de impunidad, regodeo y burla de las obligaciones democráticas de cualquier paisano. Así que tuvo que judicializarse la memoria histórica, entre otras cosas porque el PP y Ciudadanos recurrieron a abstenerse durante la votación parlamentaria para emprender la retirada del cadáver de un lugar de privilegio simbólico. Luego optaron por festejar todos los obstáculos que le salían al Gobierno en el camino y, finalmente, cuando se vieron superados por la realidad, eligieron la burla, la exageración y un tontísimo oportunismo para ganarse a los nostálgicos de la dictadura que aún les votan o les votaban con esperanza cierta en que preservarán los privilegios de algunos.

La judicialización es una respuesta a la impotencia política que nos rodea. La irresponsabilidad termina cuando la acción política, al mostrarse incapaz o tramposa, se ve obligada a someterse a los tribunales. Sucedió igual en las fronteras marítimas italianas, donde fueron los jueces quienes frenaron los ímpetus xenófobos de Salvini. Y también, cómo no, en la arena política norteamericana, donde se rumorea cada vez con más volumen que Donald Trump podría ir a la cárcel cuando deje la presidencia del país. Allí, aunque goza de algunas prerrogativas reservadas a los monarcas, su cargo ni es vitalicio ni es hereditario, así que algún día se judicializará su legado con imprevisibles resultados. La sabiduría popular aún conserva entre sus maldiciones más crueles esa de “pleitos tengas”, que ahora podría aplicarse a los políticos incapaces, que son aquellos que delegan en los jueces lo que no supieron resolver. Porque, aunque esos pleitos los ganen, sacrifican la gozosa autonomía de su actividad al designio de otro poder.