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TRIBUNA i

En el Pacto por la Ciencia, 1+1 tienen que sumar más que 2

La transición hacia un sistema productivo basado en el conocimiento pasa por incrementar la inversión en I+D+i hasta un 2% del PIB en 2025, incentivar la colaboración público-privada y agilizar la gestión de la investigación pública

Una investigadora del Instituto Español de Oceanografía durante una reciente campaña de investigación en el golfo de Cádiz.
Una investigadora del Instituto Español de Oceanografía durante una reciente campaña de investigación en el golfo de Cádiz.

Cuando los expertos analizan el futuro de nuestra sociedad y los graves problemas a los que nos enfrentamos, todos coinciden en que una de las claves es el desarrollo de soluciones gracias a la investigación científica. Desde la energía renovable no contaminante a una producción sostenible de alimentos para todo el mundo; y desde nuevos medicamentos hasta la conservación del medio ambiente, el avance de la sociedad en el siglo XXI depende críticamente de la ciencia.

Por ello el apoyo a la ciencia es uno de los pocos puntos en los que todas las opciones políticas parecen coincidir. Pero para que las ideas científicas acaben beneficiando a la sociedad, se necesita toda una cadena de investigación, más desarrollo, más innovación (I+D+i): los descubrimientos en los laboratorios deben transformarse en prototipos que demuestren su utilidad y finalmente en soluciones que lleguen hasta nosotros.

Este es un proceso que cada vez requiere una mayor inversión por la complejidad científica y tecnológica de las soluciones, y hay una relación directa entre lo que un país invierte en I+D+i y cómo logra desarrollar y aprovechar estas soluciones, y su correspondiente impacto social, económico y político.

Por todo ello, es fácil entender la apuesta que hacen algunos países por dedicar un porcentaje significativo de su PIB a la I+D+i, que a veces llega al 3%, como son los casos de Estados Unidos, Alemania, Suiza y Japón, pero también China y especialmente Corea. Este país, devastado por la guerra en los años 50, ha logrado hoy la recuperación de su economía y de su sociedad, y cuenta con una tecnología puntera a nivel mundial. Y si uno quiere entender cómo lo ha logrado, tiene que fijarse en la apuesta por la ciencia que ha hecho su gobierno, respaldado por la sociedad y con la implicación de sus empresas, que hoy son referentes mundiales, no solo en el mercado, sino también en investigación. Un ejemplo relevante: Samsung ha sido en 2018 la empresa con mayor inversión a nivel mundial en I+D+i, y también la que ha participado en mayor número de artículos científicos —muchos junto a universidades y hospitales—, y la que ha licenciado un mayor número de patentes.

En España, la inversión en I+D+i es de aproximadamente un 1.2% del PIB, es decir menos de la mitad que la de los países citados. Esta inversión está repartida de manera similar entre inversión pública e inversión privada, pero se diferencia en su orientación. La inversión pública es más alta en investigación y desarrollo (I+D), mientras que la inversión privada es mayor en innovación (i), como por otra parte cabe esperar: son las empresas las que llevan a la sociedad las nuevas soluciones desarrolladas.

En el contexto de un deseable Pacto por la Ciencia en España, se está proponiendo alcanzar una inversión del 2% del PIB en I+D+i, un objetivo que estaba planteado en Europa para el año 2020. Este aumento desde el actual 1.2% a un 2% debe realizarse de forma paulatina para que sea posible, pues no olvidemos que supondría incrementar la inversión total actual de unos 14.000 millones de euros anuales en cerca de 10.000 millones de euros más.

Desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y dentro de nuestro plan estratégico, hemos propuesto que este incremento se realice de manera sostenida, aumentando esta inversión en torno al 10% anual hasta el año 2025. Pero lo importante no es solo elevar la inversión, sino determinar en qué se traduce. Dicho de otra forma, debe aprovecharse este aumento para buscar cómo mejorar nuestro sistema de I+D+i en conjunto, y no solo para hacer más de lo mismo.

Afortunadamente, en el contexto social actual contamos con una referencia global sobre dónde debemos centrar nuestro esfuerzo: los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Lograr estos objetivos requiere mejorar nuestra investigación sobre cambio climático, sobre gestión sostenible de plásticos, sobre almacenamiento de energía renovable, sobre envejecimiento saludable, sobre conservación de los océanos, sobre cómo lograr un equilibrio entre ciudades más amigables y la preservación del entorno rural. En definitiva, se trata de construir un futuro sostenible mejorando la calidad de vida de todos.

Pero necesitamos también un pacto sobre los instrumentos para realizar esta inversión y para conseguir que se convierta en un cambio real y tenga un impacto social. Y aquí la clave es una colaboración real y efectiva entre la investigación pública y la privada: que ambas se unan para el desarrollo de las nuevas soluciones que demanda la sociedad. Por tanto, proponemos que este incremento del 2% se logre elevando hasta un 1% la inversión pública en I+D+i, y propiciando que igualmente crezca hasta el 1% la inversión privada en I+D+i, y que esta subida tan importante por ambas partes se oriente especialmente a proyectos conjuntos de alto impacto y a largo plazo. Proyectos en los que colaboren organismos públicos de investigación, universidades y otros centros de I+D+i públicos, con los departamentos de I+D+i de nuestras empresas de forma complementaria. Proyectos ambiciosos de ciencia básica, en los que tenga un papel relevante la industria de la ciencia, y proyectos más aplicados de alto impacto en biomedicina, en energía, en gestión del agua, en agricultura, en alimentación, en robótica o en aplicaciones de inteligencia artificial.

Para lograrlo no se trata solo de aumentar los recursos, también se requiere una nueva forma de gestión de la inversión pública en investigación, mucho más ágil y flexible, que no esté tan limitada, casi colapsada, por las estrictas normativas que requieren otros sectores de la administración pública. Y a la vez se ha de mejorar el tratamiento fiscal de las empresas que apuesten realmente por invertir en I+D+i en el país y colaboren en estos proyectos de forma destacada. De modo que como sucede en otros países, nos permita retener el talento de nuestros jóvenes más brillantes, valorar al personal técnico y equipar mejor los laboratorios, para poder aprovechar las ideas que se generan en los centros de investigación y en los departamentos de las empresas, y así transformar poco a poco el sistema económico de nuestro país dotándolo de una base sólida de I+D+i.

De lo contrario, y todos lo sabemos, aunque nadie quiera decirlo en público, nuestro destino es el de ser un país de servicios, donde solamente podremos competir rebajando costes, salarios incluidos, y la riqueza generada no podrá garantizar nuestra calidad de vida en el futuro, y menos ante cualquier crisis.

En resumen, tenemos que lograr entre todos que este 1% + 1% sea mucho más que 2. Y no se trata de una fórmula nueva, sino de apostar por una solución que ya funciona en otros países. Para ello necesitamos hacer realidad este Pacto por la Ciencia, un pacto que ya apoyan todos los partidos. Pero sobre todo necesitamos convencer a la sociedad de que se trata de una cuestión clave para nuestro futuro, y que sea ella misma quien nos demande este incremento progresivo de la inversión, el necesario cambio de la gestión, y que hagamos realidad la colaboración público-privada en I+D+i en beneficio de todos.

Rosa Menéndez es Presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

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