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Cuando los violadores viven en tu propia casa

En Esuatini, antiguo reino de Suazilandia, una de cada tres mujeres menores de 24 años ha sufrido una agresión sexual. En la gran mayoría de casos, atacante y víctima provienen de la misma familia

violaciones
Mariah (nombre ficticio), que sufrió una violación por parte de su padrastro, habla con las trabajadores de la ONG Phumelela Project.
Manzini, Esuatini

A Maríah nombre ficticio le gusta el pollo frito. Dice que es su plato favorito y que no siempre puede comerlo. A sus 23 años sueña con convertirse en médica, aunque las matemáticas no se le dan nada bien y eso, se teme, puede lastrarla en el futuro. Aunque antes, comenta, y su comentario suena a disculpa, necesita terminar el colegio; pese a su edad, todavía le quedan un par de años. No ha sido por perezosa o por falta de capacidad. Simplemente, repite, su vida no ha sido una vida fácil. Para contarla, Mariah, de pelo corto y tan rizado que lo hace parecer más corto, nariz respingona, piel negra y los gestos vivos y alegres propios de su juventud, ha elegido un ceñido y vistoso vestido morado, un elegante traje de domingo.

“Crecí con mis abuelos. Mi madre se fue a Sudáfrica con mi padrastro, y yo no sabía dónde estaba mi padre biológico. Mis abuelos eran muy buenos conmigo; pagaban mi alimentación, mi ropa... Desafortunadamente, ambos murieron y mi hermana pequeña y yo tuvimos que mudarnos con mi tía y su marido. Allí todo cambió”, dice. Mariah nació y vive en el Reino de Esuatini, antigua Suazilandia, la última monarquía absoluta de África, un pequeño país ubicado entre Sudáfrica y Mozambique de alrededor de 1,2 millones de habitantes donde más del 60% vive bajo el umbral de la pobreza, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. “Ella, mi tía, trabajaba en Manzini —una de las ciudades más importantes de vendedora, y me prometió que si la ayudaba pagaría mi educación, mi comida… Pero era mentira. Nunca lo hizo”.

Mariah recuerda que, al poco tiempo de llegar a casa de su tía, que ya tenía dos hijos, cuando la relación entre ambas se hizo insostenible, su madre le dijo que iría a por ella y a por su hermana para llevárselas a Sudáfrica. Pero antes de cumplirlo, la mujer falleció. “Fue muy rápido. Imagínate: un miércoles nos informaron de que se puso enferma y un jueves murió. Una organización nos ayudó a traerla a Suazilandia para que la pudiéramos enterrar aquí, que nosotras no podíamos pagar ese dinero”, explica. A Mariah, que ya tenía 15 años, no le quedó más remedio que quedarse con su tía y su marido. Y en aquel hogar, cuenta la joven, comenzaron a suceder cosas extrañas. “Mi tía permitía que su marido mirase mientras nosotras, mi hermana y yo, nos bañábamos. Yo le dije a mi tía que él no debería y ella me respondió que sí, que era mejor, que hacerlo nos ayudaría a perder la vergüenza. Así que nos teníamos que desnudar delante de él y él delante de nosotras”.

Un día cualquiera, mientras su tía estaba en el trabajo y su hermana entretenida fuera, Mariah y aquel hombre se quedaron solos. “Fue cuando… Fue cuando me violó”, balbucea con una voz entrecortada que estremece. “Vino a mi cuarto y me violó. Cuando mi tía regresó yo no le dije nada. Tenía miedo de hacerlo. Él me aseguraba que si hablaba con ella me echaría de casa y me convertiría en una sin techo. Tuve que callar; no encontré otro remedio”, relata Mariah. Y prosigue: “Mi tío continuó actuando como si fuera una buena persona. Íbamos todos juntos a misa los domingos y él, delante de la gente, hablaba sobre cómo seguir a Dios, sobre su bondad… Yo le conté a mi hermana lo que me había pasado y no me creyó. Ella se fiaba mucho de mi tío, que empezó a decirme que me quería, que me compraría cosas bonitas, pero creo que lo que pretendía en realidad era mi silencio. Yo decidí no volver a hablar de la violación con nadie”.

Una de cada tres menores, víctima de abusos

“Sin duda alguna, los abusos sexuales son el mayor de los problemas de los menores de edad en Esuatini. Es un desafío alarmante porque, además, éstos suelen provenir de las personas en las que las niñas más confían: sus padres, sus familiares más cercanos, sus amigos…”, afirma Tenele Mkhabela, directora de Género y Abogacía de la ONG Sos Children’s Village en Esuatini. “Vivimos en una sociedad demasiado patriarcal donde los hombres piensan que les pertenece todo, hasta las niñas y las mujeres. No hay ningún tipo de respeto hacia nosotras”, explica.

Mariah solo es otra víctima más, otro caso que dista de ser aislado o esporádico. Una de cada tres mujeres de entre 13 y 24 años en Esuatini denunció haber sido víctima de tocamientos sexuales no deseados, relaciones sexuales forzadas mediante la coerción o la fuerza física o intentos fallidos de lo anterior, según un informe de Unicef, basado en la última encuesta sobre violencia contra los niños. Otro estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma también que esta violencia se asoció, en el caso de este país sudafricano, a una probabilidad significativamente mayor de haberse sentido alguna vez deprimida, haber tenido intentos o ideas de suicidio, dificultades para dormir, consumo excesivo de alcohol, embarazos no deseados, abortos espontáneos o enfermedades de transmisión sexual.

Cuenta Mariah que en las semanas que sucedieron a aquel día intentó llevar una vida normal, que trató de olvidarse de todo y hacer como si nada de aquello hubiera ocurrido. Pero su pesadilla no había hecho más que empezar. “Tras un tiempo tranquilo, volvimos a tener sexo. Pero fue diferente. La primera vez usó la fuerza. La segunda, y las demás, tuve que acceder. Él siempre me decía que me iba a echar de casa si no aceptaba, que me convertiría en una persona sin hogar ni familia. Yo tenía mucho miedo de eso porque aquí, si miras a tu alrededor, ves a muchas personas en esas situaciones y no lo pasan bien. No quería eso para mí. Así que continuamos viviendo como una familia normal, sólo que entre mi padrastro y yo, cuando nos quedábamos solos, pasaban esas cosas…”. 

La situación económica en casa de Mariah empeoró y un pariente le buscó un trabajo; cuidar a un niño de una familia adinerada: un pastor de una Iglesia Evangelista local y su esposa. La muchacha acababa de cumplir 16 años y hacía mucho que sus estudios habían dejado de ser prioridad para lo que quedaba de su familia. “Allí, una tarde, noté que algo raro pasaba en mi cuerpo, pero no le di mucha importancia. Y otro domingo, cuando la mujer del pastor regresó de la Iglesia, me preguntó que de quién era el padre del hijo que esperaba. Yo le respondí que no estaba embarazada. Y ella me dijo que sí. Me compró un test de embarazo y, cuando dio positivo, me derrumbé. Fue entonces cuando decidí contarlo todo”.

Acudir a la policía a denunciar a su tío fue el siguiente paso. Pero las autoridades no llegaron a arrestar a aquel hombre, que huyó a Sudáfrica junto al resto de la familia. El violador no pagó por su delito. “Mi tía se quedó embarazada también en las mismas fechas que yo y, cuando se enteró de que su marido podía ir a prisión, me llamó por teléfono y me dijo: ¿Quién va a hacerse cargo de los niños si encarcelan a tu tío? A mí me dio igual, lo denuncié, pero nunca lo mandaron a la cárcel”. Y a Mariah, sin cumplir la mayoría de edad, en un país donde cualquier aborto es ilegal, se le presentaba otro reto vital: debía pensar en un futuro diferente, con una persona a su cargo. “Rezaba para que sucedieran dos cosas. La primera, que mi bebé fuera un niño, para que no tuviera que pasar por lo mismo que yo. La segunda, que se pareciera a mí y no a su padre. Lo que menos quería es que mi niño me recordara a él”, relata.

La nueva y esperada ley

El parlamento suazi, empujado por numerosas campañas de ONGs y otros organismos de defensa de Derechos Humanos, no ha sido ajeno a esta problemática y ha tratado de legislar en consecuencia. En 2018 aprobó la nueva y novedosa ‘Sexual Offences and Domestic Violence Act’, ley que introduce cambios significativos como la penalización —por primera vez en el ordenamiento jurídico de Esuatini de la violación conyugal, prevé disposiciones para tribunales especializados en violencia de género, requiere examen médico y tratamiento para las víctimas de abusos sexuales e incluye la tipificación de nuevos delitos como el acoso o el acecho ilegal.

Pero, además, la nueva norma enfatiza la necesidad de proteger a las niñas y menores de edad, víctimas de tanta crueldad: fija en 18 años la edad mínima de consentimiento sexual, prohíbe el matrimonio infantil e introduce el delito de "secuestro sexual", que castiga el acto de sacar a un menor del control de su tutor con la intención de realizar un encuentro íntimo. La pena mínima para un caso de violación queda establecida en 15 años de prisión. “Esta ley es el cambio más grande que ha habido en Esuatini en los últimos tiempos. Ha estado en el parlamento 10 años, ha sido fruto de grandes debates y no hubiera sido posible sin la presión de la comunidad internacional”, valora Federica Masi, coordinadora para África del Sur de Cospe, una ONG italiana con más de dos décadas de trabajo en este país y pieza fundamental para la aprobación de la norma.

“Pero hay otro problema”, continúa Federica, “aquí funcionan las costumbres bajo la ley tradicional, por un lado, y las normas bajo la Constitución, por otro. En las áreas rurales, donde vive más del 70% de la población de Esuatini, es un jefe local el que lo decide prácticamente todo. Ello dificulta mucho el correcto funcionamiento de las leyes”.

Poco sabía Mariah de leyes en 2014. Embarazada, a punto de dar a luz y con apenas unos años de escolarización, se acogió a un programa en un centro de mujeres que habían pasado por situaciones similares. “Allí hice amigas. Una compañera me contó que su abuelo la violó siendo una niña y que, cuando creció y se lo dijo a su abuela, su abuelo se suicidó. La culparon a ella y tuvo que irse de su casa. Solíamos hablar mucho entra nosotras. Nos ayudaba”, recuerda la joven, que vio cómo nacía su hijo al poco de llegar a aquel refugio. “Ahora tiene cinco años; es precioso, pero todavía muy pequeño para entender todas las cosas que pasan. Yo creo que es el único hombre que deseo sea bueno en el futuro”, asegura.

Cuando salió de aquel programa, a Mariah se le acumularon las buenas noticias. Primero, pudo volver al colegio y regresar a las lecciones de matemáticas. Después, le comunicaron que apareció su padre biológico y que quería hacerse cargo de ella. “Me puse tremendamente contenta; tenía un padre que me quería. Mi bebé y yo nos fuimos a vivir con él, con su mujer y sus cuatro hijos”, rememora. Aunque la vida le volvería a dar un revés. Otro más. Fue el 25 de diciembre del 2015. “Mi padre tuvo un accidente y murió unos días más tarde. La recuerdo como una de las noches más tristes de mi vida. Imagínate… Había conseguido por fin que alguien se preocupara por mí y no me duró nada”.

Una falta alarmante de recursos

“El problema es que los recursos son muy limitados. Llamamos a los trabajadores sociales gubernamentales y se presentan sin vehículo, sin saldo en los teléfonos. Cuando quieres colaborar necesitas ir a los sitios con ellos o con la policía y hacerte cargo de estos gastos”, explica Katrin Lehman, directora de Phumelela Project, una pequeña ONG alemana que ayuda a menores de edad que entran en conflicto con la ley suazi y lleva a cabo acciones de concienciación y empoderamiento con víctimas de violencia de género, entre ellas Mariah. Aunque, afirma Lehman, conoce situaciones más sangrantes, si cabe. “Tuvimos un caso de un hombre que había abusado de sus cinco hijas. Las mayores crecieron pensando que era algo normal; hasta que las pequeñas no lo denunciaron no cambió nada en aquella casa”.

Nomthandazo Dlamini, consejera de Phumelela, que escucha atenta la conversación, cuenta otro. “Recuerdo una violación a una niña con discapacidad intelectual, una menor de edad que ni siquiera sabía hablar bien. No pudimos hacer nada. Nadie, ni la policía, la llevó al hospital para los reconocimientos o investigó para capturar al agresor. Fuimos nosotras las que la llevamos al médico, pero ya era muy tarde”. Lo cierto es que, por la reincidencia en estos casos, la ley de 2018 de delitos sexuales ha incluido un epígrafe donde intenta proteger a personas especialmente vulnerables a este tipo de actos, como discapacitados físicos e intelectuales. Katrin vuelve a tomar la palabra. “Suele suceder que la familia de la víctima la repudia por considerarla culpable. Esta ley ha traído la repulsa de muchos hombres que protestan porque creen que ya no van a poder tener sexo con las mujeres suazis”.

Mariah dice que a ella lo que digan los hombres le da igual. Que ya no se fía de ninguno. Que su violador debería estar en la cárcel y no en Sudáfrica. Que el único que la ha tratado con cariño, su padre, está muerto. Que todos los demás han querido siempre algo de ella. Que su novio intenta ser bueno, pero que nota que ella no confía en él. Ni en él ni en ningún hombre. Que no cree en el amor, pero que nadie le ha quitado las ganas de sonreír. Y que ahora, en casa de su madrastra, en un pueblo cualquiera de Esuatini, con problemas de miseria y escasez, rodeada de pobreza extrema, haciendo malabares para pagar sus estudios y los de su hijo, sueña con terminar el colegio y convertirse en médico y lucha para cerrar esas heridas que no se ven y que resultan tan difíciles de cicatrizar. “No debí callarme. Diría a las niñas que han sufrido esto que no lo hagan, que hablen, que busquen ayuda y lo cuenten. Aceptar que te han violado no es fácil, pero tampoco es el fin del mundo. Hay gente con buen corazón que se pone a tu lado”.

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