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Cuentas autonómicas

Instrumentalizar políticamente la financiación es deslealtad institucional

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. EFE

El Partido Popular presentó este viernes una proposición de ley para desbloquear la entrega a cuenta de los 5.000 millones de euros que el Estado central adeuda a las autonomías, acusando al Gobierno de pasividad y de deslealtad institucional. Las comunidades de Madrid, Galicia y Andalucía, gobernadas por el PP, han elevado el tono de sus exigencias en línea con la Generalitat de Cataluña, cuyo vicepresidente, Pere Aragonès, instó a una protesta generalizada contra el Ejecutivo central y anunció esta misma semana la presentación de una demanda judicial por el retraso.

El núcleo del problema reside en determinar si un Gobierno en funciones tiene capacidad para realizar sin apoyo de la Ley de Presupuestos los libramientos que reclaman las autonomías. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, consideró en febrero la posibilidad de hacerlo mediante decreto ley, pero la convocatoria electoral frustró esta vía. Y de acuerdo con el informe de la Abogacía del Estado presentado este martes, el libramiento reclamado excede la capacidad de un Gobierno en funciones y, por tanto, resulta irrelevante la fórmula a través de la cual se pretenda ejecutar. La precariedad de la situación no deriva solo del retraso acumulado desde principios de año, sino también del que podría producirse en el caso de que se llegue a una repetición electoral.

Las comunidades gobernadas por el PP, como también la Generalitat, están conduciendo sus reclamaciones frente al Estado por un derrotero que no busca resolver las deficiencias de la financiación autonómica, sino instrumentalizarlas políticamente en contra del Gobierno y del Partido Socialista. Si el sistema constitucional impide que un Ejecutivo en funciones adopte decisiones que comprometan al que lo suceda, según argumenta la Abogacía del Estado, imputar el retraso a los oscuros designios del Gobierno es, sencillamente, deslealtad institucional. Lo mismo que plantear demandas judiciales es prolongar la fantasía del enfrentamiento con el Estado: ERC tuvo en su mano aprobar en el Parlamento los Presupuestos que le hubieran proporcionado los recursos que ahora quiere reclamar en los tribunales.

El hecho de que sean las comunidades del PP y la Generalitat las que coincidan en la voluntad de instrumentalizar políticamente el problema de la financiación autonómica revela crudamente por qué sigue sin resolverse, postergando la reforma cada más urgente de la ley de 2009. Mientras persista el bloqueo parlamentario, nada se puede avanzar en la aprobación de unos nuevos Presupuestos ni en una nueva regulación de la financiación autonómica. Pero no ocurre otro tanto en el plano estrictamente político, desde el momento en que las Comunidades gobernadas por el Partido Popular y la Generalitat de Cataluña necesitan sobreactuar en la gesticulación contra el Gobierno central a fin de ocultar que, en realidad, unas y otras están hablando exactamente de lo mismo y buscando idéntico resultado: resolver los problemas acuciantes del sistema de financiación.

La pregunta que se impone entonces es cuánto tiempo más seguirán los partidos que enarbolan sin descanso la bandera de la nación utilizando las cuentas autonómicas para dividir al país sobre la cuestión territorial, en lugar de abordarlas a través de la negociación y el consenso institucionales.

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