Profilaxis electoral en Nicaragua

Las democracias generan anticuerpos contra la propensión de los gobernantes a considerarse imprescindibles, pero cuando se trata de dictaduras o regímenes autoritarios el tratamiento de la patología es complicado. La adicción al poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo se manifiesta en su manipulación de los poderes de Estado, como el Consejo Supremo Electoral, cuya renovación es esencial para abordar con garantías las elecciones presidenciales que la oposición pretende adelantar. La pulcritud del proceso será imposible sin su estrecha supervisión.

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Adecentar el sistema electoral sería un paso relevante en la solución de la crisis. Es tan necesario como la renuncia a una represión que pasó de los balazos a los allanamientos domiciliarios, las detenciones de madrugada, las prohibiciones y la intimidación preventiva. La liberación de presos es moneda de cambio, no justicia. Sofocada la sublevación de abril, el Frente Sandinista no tiene prisa. Falsifica la reconciliación nacional al crear más de 1.500 politizadas comisiones de “reconciliación, justicia y paz”, y dilata la higienización de la Ley Electoral postergando reformas que rescaten su credibilidad y superen una abstención tan elevada que devalúa la representación ciudadana y beneficia al oficialismo.

Empero, la opositora Alianza Cívica deberá ponderar si apremia la convocatoria a urnas sin haber negociado antes la revisión legislativa, prometida por Ortega, sin cambios en los magistrados que integran el Consejo. No convendría apresurarse porque las credenciales democráticas del mandatario desaparecieron hace casi 20 años, durante su anclaje en un autoritarismo sacramentado por la Iglesia católica, a cambio de la prohibición del aborto y una religiosidad oficial impostada, y por los empresarios, previo reparto de canonjías.

Aun postergando las deseables enmiendas constitucionales, el diseño de un marco jurídico y administrativo confiable y permanente es objetivo que habrá de acometer el conjunto de fuerzas políticas, sindicatos y expertos internacionales. Cabe suponer que el Frente Sandinista proponga reformas que exhiban una engañosa pluralidad política facilitando la inscripción de partidos, candidaturas, programas y material prefabricado. La proliferación de ofertas, a poder ser contradictorias, favorecería el triunfo del bloque gubernamental, más cohesionado; un truco antiguo, que si no repara en costes profana la democracia y derechos fundamentales.

La atomización opositora, espontánea o inducida, funciona en Venezuela y bonificó al chavismo. Contrariamente a la tendencia latinoamericana, la segunda vuelta no existe en Nicaragua por lo que el candidato más votado obtiene la presidencia. Cuando el sandinismo perdió las presidenciales de 1990, ganadas por Violeta Chamorro, aceptó la derrota, y la alternancia en el poder pareció adquirir carta de ciudadanía. Envileciendo casi todo, fundamentalmente las conciencias y la hacienda pública, Ortega y el derechista Arnoldo Alemán, sucesor Chamorro, apalabraron en 1999 un pacto que colocó las instituciones a las órdenes de un bipartidismo tramposo. Ortega depuró la maquinaria hasta controlarla en solitario a partir de 2007, secundado por una constelación de sirvientes y aprovechados.