¿Llegó el fin de las intervenciones humanitarias?

Durante la mayor parte de su historia, las intervenciones humanitarias han sido algo que ocurría allí fuera. Desde Biafra en 1967, pasando por Bosnia en 1992, Ruanda tras el genocidio de 1994 y Darfur en 2003, el modelo ha sido este. Casi todas las organizaciones humanitarias tenían su sede en el norte del planeta, en Europa Occidental y Norteamérica, y prácticamente todas las llamadas emergencias humanitarias, con Bosnia como excepción, se producían en el sur, sobre todo en el África subsahariana.

Venezuela y Myanmar son símbolos de la nueva libertad que tienen los regímenes dictatoriales para crear crisis migratorias

Por utilizar una expresión militar, la acción humanitaria siempre ha sido expedicionaria. Y su eco a misión de la época dorada del colonialismo europeo, desde luego, no es una casualidad. Aunque el trabajo humanitario hoy suele atraer a jóvenes idealistas que, como regla general, se consideran a la izquierda del arco político, históricamente sus orígenes se encuentran, de una parte, en las nociones imperiales de mejora de la etapa colonial; y, de otra, en la ambición moral de la Cruz Roja con su propósito de mitigar los efectos más terribles de la guerra.

El aspirante a trabajador humanitario que se unía a una ONG como Oxfam, Save the Children o Médicos Sin Fronteras sería destinado —de nuevo de manera muy similar a un sacerdote o un soldado— a alguna zona en crisis. Y también, como los misioneros y los miembros de las fuerzas armadas del siglo XIX, la decisión sobre el lugar del despliegue la tomaban una ONG determinada (siempre del norte), o Gobiernos ricos que aportaban la financiación, o se decidía dentro del marco de la ONU y sus agencias especializadas en acción humanitaria y desarrollo, que a su vez estaban controlados en gran medida por esos mismos Gobiernos, sobre todo el de Estados Unidos y de los países más poderosos de la Unión Europea. Es decir, la decisión la tomaba cualquiera salvo los habitantes de los sitios en los que se estaba produciendo la situación de emergencia.

Señalar esto no implica decir que la ayuda humanitaria es algo impuesto a aquellos que se benefician de ella. En todo caso, es más bien al contrario: un ser humano en situación desesperada no puede permitirse el lujo de rechazar ayuda por el lugar de donde proviene el auxilio. Y, a nivel institucional, las ONG no pueden actuar sin el consentimiento, como mínimo, de los Gobiernos de las zonas afectadas del sur del planeta. Pero no debe confundirse ese consentimiento con que tengan voz en la decisión de llevar a cabo una intervención humanitaria. Como ocurre con la política de desarrollo económico —también en gran parte impuesta desde fuera, sobre todo desde el Banco Mundial y el FMI—, durante décadas se dio por sentado que los Gobiernos de las zonas necesitadas iban a cooperar con las ONG. Si no lo hacían, esto solía significar —como ocurrió con Sudán durante la crisis de Darfur o con el Gobierno de Sri Lanka durante la rebelión de los Tigres Tamiles—, o se suponía que significaba, que el Gobierno en cuestión era directamente responsable o cómplice en la terrible situación que había empujado a actuar a las ONG. Los grupos insurgentes claramente planteaban un problema mayor, pero lo que se asumía generalmente en el mundo de la acción humanitaria era que también debían cooperar y acabarían haciéndolo.

Todo esto no significa que las ONG creyeran que eran la solución a las emergencias que trataban de paliar. Al contrario, la mayoría de los cooperantes se identificaron con las palabras de Sadako Ogata, alta comisionada de ACNUR durante gran parte de los años noventa, cuando afirmó que no existían soluciones humanitarias para los problemas humanitarios. Pese a ello, cuando estaban sobre el terreno —una expresión del mundo humanitario que de nuevo tiene su origen en los soldados y misioneros que iban en una “misión”, con un eco jesuita—, la mayoría de las ONG sostenían que actuaban exclusivamente en función de las necesidades de las poblaciones afectadas por la guerra, las crisis de refugiados, las epidemias o los desastres naturales. Impedir la libertad de acción de sus grupos de socorro era visto como una prueba, en el mejor de los casos, de indiferencia moral ante la catástrofe y seguramente de complicidad en ella. Las ONG, por el contrario, se consideraban políticamente neutrales, preocupadas únicamente por aliviar los sufrimientos de las personas a quienes atendían.

Quienes se dedican a lo que en épocas de menor sensibilidad lingüística se denominaba caridad siempre han proclamado su imparcialidad, aunque la mayoría claramente sabía que lo que estaban haciendo era éticamente mucho más complejo. Esto no implica que erraran al proclamar su neutralidad. Las historias que nos contamos sobre nuestras acciones afectan a la percepción que tenemos de nosotros mismos y la que tienen los demás.

El trabajador humanitario, que está desarmado sobre el terreno, tiene que resignarse a alcanzar acuerdos con señores de la guerra

La neutralidad, la objetividad y la imparcialidad pueden ser algo humanamente imposible de alcanzar, pero enfocarse en estas metas inalcanzables es una forma de que los individuos y las organizaciones conserven su honradez, al menos mientras estén dispuestos a salvaguardar sus acciones de la acción política directa. Una ONG que optara por no seguir esta línea y renunciara a toda pretensión de neutralidad podría desempeñar muchas tareas humanitarias de tipo técnico, como proveer ayuda médica, agua e instalaciones de saneamiento; pero a un nivel básico tendría que considerarse, y aceptar ser vista, como una organización solidaria, destinada a actuar fundamentalmente fuera del sistema humanitario supervisado por Naciones Unidas. En la práctica, esto se traduce en menos recursos y más restricciones sobre dónde trabajar, por no hablar de las medidas de protección que las personas de estas organizaciones pueden esperar recibir.

No resulta, por tanto, sorprendente que desde el nacimiento de la acción humanitaria moderna, a mediados de la década de 1960, hasta hoy, la inmensa mayoría de las ONG no hayan querido trabajar de esta forma parcial. Pero funcionar dentro del sistema conlleva sus propias frustraciones.

Está en la naturaleza humana querer resolver los problemas, no limitarse a paliarlos. Insistir en que esto es a lo máximo a lo que pueden aspirar y lo máximo que se puede esperar de ellos, como hice en mi libro sobre la acción humanitaria, Una cama por una noche, les ha parecido a muchos cooperantes moralmente intolerable. Quieren acabar con el sufrimiento, no aliviarlo, y ese sentimiento les honra.

El problema es que hay muy poca evidencia de que la acción humanitaria puede esperar proporcionar algún tipo de palanca de Arquímedes capaz de cambiar el mundo. Es posible que el movimiento internacional de derechos humanos sí tenga (o por lo menos pueda tener) esa capacidad. Pero, a pesar del solapamiento entre derechos humanos y ayuda humanitaria, son actividades muy diferentes. Por decirlo claramente: un activista en favor de los derechos humanos tiene que ser un absolutista de los derechos; no hay margen para las concesiones cuando están en juego principios básicos. En cambio, el cooperante, que está desarmado sobre el terreno, tiene que resignarse a alcanzar acuerdos con señores de la guerra, dictadores y otros personajes similares, lo cual quiere decir que, a falta de una intervención militar exterior que trastoque el equilibrio de poder, tienen que darse la mano con el diablo para lograr hacer algo.

En mi libro abordé dos graves amenazas a que encaraba el proyecto humanitario. La primera era esta alianza con el movimiento pro derechos humanos. Yo argumentaba que beneficiaría a los grupos activistas en su lucha, porque las organizaciones humanitarias podrían acabar siendo sus ojos y oídos en aquellos lugares donde los cooperantes pueden entrar, pero a los que los observadores de derechos humanos tienen vedado el acceso; aunque esto se volvería en contra de las ONG porque podría poner en peligro, a la larga, el que pudieran seguir trabajando en esas zonas. La segunda amenaza que apunté era que la labor de los cooperantes quedara cooptada por los Gobiernos poderosos, especialmente el de Estados Unidos. El prestigio que conllevaba la acción humanitaria era muy valioso como justificación moral para llevar a cabo lo que en realidad eran iniciativas imperialistas. El ejemplo más grotesco de esto que conozco es cuando George W. Bush justificó la continuada ocupación de Afganistán por las tropas estadounidenses con el argumento cuasi feminista de que los talibanes oprimían a las mujeres. Y poco antes de la guerra de Irak de 2003, el entonces secretario de Estado, Colin Powell, dijo a un grupo de representantes de ONG estadounidenses que eran una tremenda “fuerza multiplicadora” para el ejército de su país.

Escribí la primera versión de Una cama por una noche en 2003. En los 16 años transcurridos desde entonces, estas dos tendencias que apunté han pasado a definir en gran parte lo que los Gobiernos y los activistas esperan de las ONG, y cómo éstas construyen sus proyectos, es decir, qué esperan de sí mismas. Lo que ha cambiado, sin embargo, es que el contexto en el que trabajan los grupos de ayuda ha empeorado muchísimo.

La llamada guerra global contra el terrorismo ha significado que en los campos de batalla del conflicto —y aunque a los cooperantes les gustaría que no fuera así— la ayuda humanitaria es una parte integral del esfuerzo de guerra de Estados Unidos y de Europa. Al mismo tiempo, la ideología de los derechos humanos (porque, a pesar de las negativas de tantos de sus activistas, los derechos humanos son una ideología y, como tal, no muy diferentes del socialismo, el liberalismo o cualquier otro sistema totalizador de pensamiento) atrae cada vez más a las mentes “mejores y más brillantes” de quienes están metidos en la acción humanitaria. Y esto se debe a que la cooperación siempre ha tenido un problema de legitimidad: ¿qué otorga el derecho a una ONG de Barcelona, Ginebra o Nueva York a intervenir más o menos como le parece apropiado en Chad, Yemen o Myanmar? El derecho humanitario internacional en concreto y, más en general, las reivindicaciones legales del movimiento en favor de los derechos humanos parecían marcar el camino a seguir.

El problema, sin embargo, es que las normas sobre derechos humanos están en crisis en todo el mundo. Si hace una generación cabía pensar que los derechos humanos serían probablemente el futuro de la humanidad, hoy parece, cada vez más, que son el pasado. Hay señales de ello por todas partes. Después de estar en declive desde hace más de 50 años, el número de conflictos y la letalidad de las guerras han vuelto a aumentar. Y el calentamiento global, que hoy sabemos que quizá sea posible limitar, pero, desde luego, no evitar, irremediablemente resultará en guerras por recursos en las zonas más afectadas. Bienvenidos a la era del Antropoceno.

En cualquier caso, no parece probable que florezcan los derechos humanos en un mundo en el que Rusia, China, India, Brasil y Estados Unidos están gobernados por populistas autoritarios. Siria y Yemen han demostrado que las leyes sobre conflictos armados se pueden ignorar como plazca, y Venezuela y Myanmar son símbolos de la nueva libertad que tienen los regímenes dictatoriales para crear crisis migratorias sin que nada pueda impedirlo. Todos estos cambios han vuelto más difícil el trabajo de las organizaciones de ayuda humanitaria, pero no han modificado sus características esenciales. Hizo falta una crisis migratoria a las puertas de casa para que eso sucediera.

¿Qué otorga el derecho a una ONG de Barcelona, Ginebra o Nueva York a intervenir en Chad o Yemen?

De forma muy similar al río Grande que separa Estados Unidos de México, el Mediterráneo ha sido siempre una frontera entre el norte y el sur del planeta. Teniendo en cuenta las dimensiones de la crisis migratoria en este mar, era claramente inevitable que las ONG se involucrasen. Pero al hacerlo, la forma que se tenía de abordar el proyecto humanitarioen desde la crisis de Biafra resultó insostenible. Una cosa es que un cooperante vaya de Cataluña a Liberia y se resista a adoptar una postura política en ese conflicto alegando que solo ha ido a mitigar sus efectos. Pero cuando la crisis se desencadena en los países de los que son originarios los trabajadores de la ONG, es imposible mantener esa actitud.

Los cooperantes pueden alegar que lo único que hacen en el Mediterráneo, en Ceuta, en la frontera entre Italia y Francia o en Calais es auxiliar a los migrantes. Pero la realidad ineludible es que, al ayudarlos, están asumiendo una posición política, encarando a sus Gobiernos. Dicho de manera más cruda: la neutralidad y la imparcialidad de la que podían presumir los cooperantes cuando trabajaban en los países del sur no tiene sentido moral ni operativo ahora que la crisis ha llegado a sus casas.

No todas las organizaciones humanitarias están aún dispuestas a reconocerlo. Pero más pronto que tarde tendrán que enfrentarse al hecho de que sus acciones son políticas, es decir, que ellos son actores políticos en el gran debate que hay en Europa sobre cómo responder a las migraciones masivas. Los políticos antiinmigración, Salvini, Orbán, Le Pen, etcétera, ven a las ONG como sus enemigos, y tienen razón. El reto para las organizaciones humanitarias es decidir cómo responder a esto de forma efectiva. Y esto solo puede pasar si el mundo de la ayuda humanitaria abandona finalmente la pretensión de que sus acciones no son políticas. Esa decisión no saldrá gratis: al tomarla, las ONG tendrán que abandonar las pretensiones de santidad que han caracterizado sus acciones en el último medio siglo. En lugar de eso, pasarán a ser actores políticos como todos los demás. Pero la disyuntiva a la que se enfrentan es apostar por la política o caer en la irrelevancia, y tendrán que decidirlo pronto.

David Rieff es ensayista y analista político. Su libro ‘Una cama por una noche’ ha sido publicado en una edición revisada y con un nuevo prólogo por Debate.

Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.