Dimisión en México

Después de solo siete meses de mandato, la dimisión en México del secretario (ministro) de Hacienda, Carlos Urzúa, representa una crisis mayúscula para el presidente Andrés Manuel López Obrador y, lo que es todavía más grave, pone en duda la profundidad y el alcance de las reformas que ese país necesita emprender para profesionalizar y modernizar su Administración. Además, le abre al presidente un frente en uno de sus puntos más débiles: el temor que comparte el 40% de los mexicanos a que sus decisiones desaten una nueva crisis económica. La salida del jefe de un equipo financiero sólido, que se había ganado la confianza de los inversores y de los mercados, es una mala noticia, máxime en un momento en que se han multiplicado las embestidas arancelarias de Donald Trump.

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Urzúa, de 64 años, es un prestigioso economista formado en México y EE UU con una amplia experiencia como investigador universitario y como consultor de organismos internacionales, pero también política, siempre desde la izquierda. Su portazo al presidente no ha podido ser más sonoro y público, ya que renunció a través de una carta publicada en su cuenta de Twitter en la que acusaba al Ejecutivo de "tomar decisiones de política pública sin suficiente sustento", de imponer "funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública" y de "conflictos de intereses" en el actual Gobierno, una velada acusación de corrupción contra un dirigente que basó su campaña precisamente en limpiar y ordenar el sector público. Uno de los proyectos que suscitó mayor rechazo por parte del equipo económico fue la construcción de una refinería pública en su Estado natal de Tabasco. La última que construyó México fue en los setenta.

Estas declaraciones representan un golpe indudable para el Ejecutivo de López Obrador y los mercados reaccionaron con una inmediata caída del peso frente al dólar. El hecho de que le reemplace un miembro de su círculo más cercano, Arturo Herrera, contribuyó a suavizar las dudas, pero no a disiparlas, porque Urzúa se ha encargado de gestionar algunas de las decisiones más delicadas de López Obrador, como negociar con los acreedores tras la cancelación del proyecto de un aeropuerto en México que estaba a medio construir. La dimisión, además, se produce cuando las expectativas de crecimiento del país se han reducido en los últimos meses, tanto en las estimaciones de la OCDE como del Banco de México, y la posibilidad de que México entre en recesión es real.

Para llevar a cabo su ambicioso programa de reformas, que incluye la lucha contra la corrupción y el despilfarro —lo que le ha granjeado una indudable popularidad—, y alejar de México el espectro de la crisis, López Obrador necesita recuperar con urgencia la credibilidad en la solidez de su gestión económica. No lo tiene fácil.