Dificultades

Imaginemos que las autoridades se volvieran locas (tampoco es tan difícil) y que de un día para otro decretaran que dos más dos son cinco. Supongamos ahora que, para restituir el orden matemático anterior, los afectados tuviéramos que acudir a la justicia, que archivaría la causa, la desarchivaría, le daría curso, se lo volvería a quitar, nos cambiaría de jurisdicción, de instancia, nos pediría siete pólizas…, lo característico, en fin, de un proceso judicial, que se resume en la maldición: “Juicios tengas y los ganes”. Sería tan de locos tratar de demostrar que dos y dos son cuatro como de hacer ver a quien correspondiera que la venta de casi dos mil viviendas de protección social a un fondo buitre constituye un fraude. Más aún si se las vende por debajo de su valor, que es lo que sucedió en Madrid siendo alcaldesa Ana Botella.

Las viviendas de protección social tienen como objeto, señor juez, proporcionar una solución habitacional a las familias cuyos ingresos no alcanzan para comprar o alquilar un piso a precio de mercado. De ahí el sintagma “protección social”. No se construyen, pues, para hacer ricos a los amigos de los políticos, sino para cumplir, siquiera parcialmente, el artículo 47 de la Constitución española, según el cual los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

Claro como el agua. Sin embargo, han transcurrido varios años desde que se perpetrara el atropello y el asunto continúa aún en los juzgados. Entretanto, numerosos inquilinos han sido expulsados de sus hogares y a otros se les ha duplicado el alquiler. Todo por la dificultad de demostrar lo obvio: que dos y dos son cuatro.