Democracia participativa

Se suele plantear que la participación de los ciudadanos en la vida política debe ir más allá de la mera emisión de votos cada cuatro años. La cuestión es cómo establecer mecanismos de participación. En la medida en que los partidos son las instituciones a través de las cuales se produce la participación de los ciudadanos en política, la democratización y dinamización de los partidos debería ser una de esas vías. En los partidos se plantean y se toman decisiones sobre cuestiones programáticas, y en su seno se eligen los líderes que tratarán de llevar a cabo los objetivos genéricos establecidos. Pero queda un poco alejado de esa instancia el diseño y seguimiento de las políticas públicas concretas, que, a la postre, serán las que validarán la acción política y las que acercarán los fines perseguidos a los ciudadanos.

Reflexionando sobre las acciones para mejorar la gobernanza en un país como España, surgen vías para intensificar la “democracia participativa”, que resultan complementarias a las que ofrecen los partidos políticos.

Una buena gobernanza necesita de transparencia de la acción pública en todos los niveles. La transparencia es exigible en todas las decisiones de las administraciones. Desde luego en los procesos de contratación pública (de obras, servicios y personas). Pero también en otras áreas de la acción política, como es el diseño de regulaciones y de programas de gasto, y en la necesaria evaluación de unas y de otros. Y ahí es donde la participación ciudadana no solo se podría producir, sino que sería muy conveniente que así fuera.

Transparencia en el diseño de normas regulatorias y de programas significa que el proyecto concreto, y los estudios en los que se basa, estuvieran previamente a disposición de los ciudadanos interesados en los portales correspondientes, práctica nunca llevada a término, aunque estaba en el espíritu del Decreto 1083/2009, que impulsó las Memorias de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) que deberían acompañar todo proyecto normativo. A partir de esa información, los ciudadanos tendrían la capacidad de formar su opinión, tanto sobre los objetivos concretos y procedimientos para alcanzarlos, como sobre los estudios que lo justifican (si no los hubiera, o fueran chapuzas para salir del paso, cabría que se preguntaran acerca de los intereses que han impulsado una política pública sin fundamento). Posiblemente, los interesados, para realizar el análisis de las propuestas y para alcanzar conclusiones fundadas sobre el proyecto —que harían llegar a los poderes públicos—, se verían empujados a asociarse con otros ciudadanos, para buscar asesoramiento y promover los estudios e informes necesarios o, alternativamente, utilizar alguna de las organizaciones privadas ya existentes, del tipo de la Fundación Civio, tan activa en la defensa de la transparencia y del buen gobierno. Ello contribuiría a impulsar la presencia de la sociedad civil y presionaría para un mayor rigor en las políticas públicas.

Transparencia significa que un proyecto concreto, y los estudios en los que se basa, estuvieran a disposición de los ciudadanos

En un contexto de buena gobernanza, las normas y los programas de gasto deberían ser, además, evaluados ex post de forma independiente y transparente. Y aquí también, si se hiciera con transparencia, los ciudadanos interesados podrían comprobar si la evaluación está bien hecha y si los resultados de la misma justifican esa regulación o ese programa de gasto o, por el contrario, debería cambiarse su diseño o la forma en que se ha gestionado, exigiendo responsabilidades si el eventual fracaso de un buen proyecto se debiera a una gestión deficiente.

De esta forma se produciría una participación activa de los ciudadanos en la acción política, velando directamente por el buen diseño y la buena realización de las políticas públicas que les afectan o por las que tienen un genuino interés. ¿No es esto una forma de democracia participativa?

Exigir que las políticas públicas estén basadas en análisis rigurosos de datos requiere poca justificación, pero sí mucha insistencia, porque no es lo más frecuente. La incorporación de la sociedad civil al diseño y evaluación de esas políticas necesitaría permitir el acceso a datos relevantes en poder de la administración, a los profesionales que asesoran a los ciudadanos. Algunos de esos datos son de origen registral que en ocasiones conviene cruzar con otros del mismo tipo de origen (historia laboral, con datos fiscales y educativos, por ejemplo). A la hora de permitir el acceso a estos datos es obligado preservar el anonimato de los sujetos. Habría forma de hacerlo, sin embargo. La Autoridad Fiscal (Airef), que ha empezado a realizar ejercicios de evaluación de programas —esos que debería haber hecho la extinta, por inacción, Agencia Estatal de Evaluación de la Calidad (Aeval)— está explorando procedimientos para que estudiosos interesados puedan utilizar los datos sin violar el anonimato.

Carlos Sebastián es catedrático y autor de Para que España avance (Galaxia Gutenberg).