¡Votad hasta que acertéis!

1. Cuando el secretario de organización del PSOE y actual ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, advierte en una conferencia de prensa a los principales partidos políticos adversarios de los socialistas que de ellos depende facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente de Gobierno y de que “está en juego la repetición de las elecciones”, no sólo comete una equivocación política (que otros dirigentes socialistas, incluso él mismo, corrigieron con rapidez al cambiar el énfasis de esas palabras y situar el terreno de juego de los pactos en otro lugar), sino que pone en cuestión la conclusión del largo ciclo electoral que los ciudadanos han recorrido ejemplarmente hasta ahora. Con esa duda planteada por Ábalos se echa finalmente sobre la ciudadanía la responsabilidad de tener Gobierno: “¡Vuelva usted a votar todas las veces que sea necesario hasta que acierte!”. Se parece mucho a una tomadura de pelo.

Si se plantea públicamente la posibilidad de convocar nuevas elecciones generales ante las dificultades de las formaciones políticas centrales para pactar una mayoría parlamentaria estable —y como consecuencia la dirección del país—, las tareas pendientes (la administración ordinaria y las reformas estructurales cuyos contenidos habrán de extenderse en el largo plazo) quedan embalsadas ad infinitum, hasta que surja una nueva correlación de fuerzas políticas que para nada está asegurada con la celebración de otros comicios, que sin duda sufrirían un aumento de la abstención.

2. El problema principal no es la investidura, sino la legislatura. Imagínense (opción posible) que Unidas Podemos da en la investidura su apoyo a Sánchez a cambio de nada y éste consigue la mayoría suficiente para ser proclamado presidente de Gobierno. A continuación Pablo Iglesias le dice a éste: “Os esperamos en los Presupuestos Generales del Estado”, y en ese momento si el Gobierno no acepta las proposiciones que le hace, por ejemplo en materia de gasto público, se acaba ese apoyo. Habría investidura pero no acuerdos constantes para una legislatura estable. Al tiempo que el mundo se transforma aceleradamente hacia nuevas realidades (de las cuales probablemente la más significativa es la vertiginosa revolución tecnológica, con lo que ello significa de cambios estructurales en el modelo productivo y en el mercado de trabajo de los países), España lleva — por mor de las sucesivas debilidades parlamentarias— más de tres años atorada en las reformas estructurales pendientes, en cuyo enunciado (no en sus contenidos) todo el mundo está de acuerdo: la educación y la formación permanente, la fiscal, la energética, las del empleo y condiciones de vida, la de la distribución de la renta y la riqueza, la financiación autonómica, etcétera, sin introducir en este análisis al elefante que está permanentemente en el centro de la sala: la cuestión territorial y Cataluña. Quién duda de que los 122 diputados socialistas no son suficientes para abordar esos cambios y que será imprescindible el consenso para elaborar las respuestas y encontrar las fuerzas precisas para implantarlas en el conjunto de la sociedad. Sólo así parece posible restablecer la confianza ciudadana en la política parlamentaria, tan debilitada en los últimos tiempos.

3. Hay aproximaciones inentendibles a la actual política de pactos. Dos ejemplos: cuando Iglesias declara que no exigirá a Sánchez “ministerios del Estado” en un hipotético Gobierno de coalición (o de cooperación) pero sí competencias en “carteras sociales” para hacer “políticas de izquierdas”, quizá se esté poniendo realista ante las posibilidades que se le abren pero al mismo tiempo devalúa su propio poder y, sobre todo, devalúa las carteras sociales como departamentos de segunda división. Algo parecido ha sucedido durante las negociaciones para pactar Gobiernos municipales y autonómicos. El PP y Ciudadanos han pretendido esquivar el deterioro de su imagen pública al incorporar a la extrema derecha a tales Gobiernos, ofreciéndola en primera instancia, vergonzantemente, cargos de segundo nivel (direcciones generales, asesorías…, no consejerías ni concejalías), como si ese nivel no tuviese que regirse por idénticos criterios de transparencia, eficacia y dignidad, ni se financiase con recursos públicos.