Los periodistas rusos dicen basta

Las acusaciones basadas en pruebas falseadas son una práctica policial corriente en Rusia “desde hace muchos años”, según un reciente informe del grupo de defensa de derechos humanos. El falseamiento de las pruebas por parte de los órganos policiales se utiliza para apartar de la vida pública a personas que de un modo u otro por sus actividades —de investigación periodística, de defensa de derechos humanos, de oposición política o rivalidad empresarial— afectan los intereses de los grupos en el poder en distintos ámbitos.

El informe titulado ¿Por qué los ciudadanos de Rusia piden asilo en Europa? explica que la práctica de falsificar expedientes penales se convirtió en algo sistemático durante la segunda guerra de Chechenia (1999-2003), cuando, con el fin de limpiar Moscú de ciudadanos de origen checheno, se organizó una campaña para acusarlos de posesión de narcóticos. En el uso de las pruebas amañadas, la posesión o el tráfico de drogas, severamente castigados en Rusia, se une a los falsos cargos por terrorismo, pedofilia o corrupción.

Con amplios indicios de ser víctima de pseudoprocesos, han sido condenados el jefe de Memorial de Chechenia, Oyub Titiev —que un tribunal moscovita decidió ayer liberar anticipadamente por haber cumplido gran parte de su condena—, el cineasta ucraniano Oleg Sentsov, el activista Ruslán Kutaév, entre muchos otros. A este contingente se le puede sumar ahora el periodista de investigación Iván Golunov, de la publicación digital Meduza, que fue detenido el 6 de junio y acusado de dedicarse al tráfico de drogas. Tanto él como sus responsables en Meduza consideran que está siendo castigado por su trabajo y por las investigaciones a las que se estaba dedicando últimamente. Entre los temas en los que ha trabajado el periodista está el negocio funerario en Moscú y asuntos inmobiliarios relacionados con la alcaldía.

El caso de Golunov no es uno más. Las alarmas de peligro inminente para la profesión de informador se han activado y los periodistas rusos han salido a la calle, a defender a su colega y a sí mismos, en manifestaciones de protesta sin precedentes. Todos son conscientes de que ellos mismos pueden convertirse en víctimas mañana si permiten hoy el triunfo de un expediente penal amañado o irregular. A la solidaridad se le une el sentido de justicia. Las instituciones internacionales refuerzan el carácter simbólico del caso con su apoyo a Golunov. El caso Golunov es la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los profesionales de la información en Rusia, amordazados, humillados y heridos en su autoestima por un sistema que impone cotidianamente múltiples prohibiciones y castigos.

Abogados e informadores están atentos. Gracias a su intervención, la policía tuvo que retirar ocho de las nueve fotos supuestamente incriminatorias contra Golunov y reconocer que se habían “equivocado” al difundirlas. También tienen en jaque a las televisiones oficiales. Rusia 24 tuvo que rectificar ante la aseveración, según la cual el periodista “estaba borracho”, que contradecía el certificado médico, mostrado también en la televisión, según el que “no estaba borracho”.

Los periodistas han pasado al contraataque y los abogados quieren demandar a la policía por abuso de poder. En un sistema donde los órganos policiales y de seguridad son el núcleo del poder político, se necesita valor para actuar así. Pero la situación ha llegado a un límite y todos entienden que no pueden quedarse al margen ante prácticas envilecedoras cada vez más extendidas. Y no solo se trata del número de inocentes que puede haber en las cárceles rusas acusados de cargos falsos, sino la profunda desconfianza que se ha instalado en la sociedad hacia sus líderes. En los medios periodísticos rusos la convicción de que los dirigentes mienten es hoy tal que no van a creerlos incluso si dijeran la verdad.