Acuerdo estable

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicó el jueves una encuesta sobre las coaliciones de Gobierno preferidas por los electores. La primera opción resultaba un pacto del partido socialista con Podemos, y solo en segundo lugar una alianza entre los primeros y Ciudadanos. Una interpretación literal del sondeo puede desnaturalizar la señal de fondo, que no era otra que la creciente exigencia de que los partidos con representación parlamentaria alcancen acuerdos estables. En este sentido, el sondeo corroboraba implícitamente que repetir las elecciones, según ocurrió en 2015, no puede ser una salida. Y también que la nueva legislatura no puede estar marcada por los sobresaltos y los envites parlamentarios llevados al límite.

La concreta fórmula de Gobierno que alcancen los partidos importa menos que garantizar la estabilidad parlamentaria para una legislatura de cuatro años, desde la que abordar las reformas que el país necesita sin dilación. Sea a través de un Ejecutivo monocolor sustentado por una mayoría de diputados, o sea mediante una u otra coalición, lo que importa después de varios años de inacción es que los ciudadanos conozcan el programa que enmarcará sus esfuerzos y a cuyos objetivos son convocados. Convertir en ordinario un instrumento extraordinario de gestión como es el decreto ley no solo fuerza los límites del sistema constitucional, dando lugar a recursos que crean una zona de indefinición hasta el momento en que se resuelven, sino que dificultan la coherencia de la acción de Gobierno. Los motivos de extraordinaria urgencia para aprobar estas normas han sido interpretados con flexibilidad por el Tribunal Constitucional, pero no hasta el extremo de conceder carta blanca para usarlas a discreción por Gobiernos en minoría.

De lo que se trata, precisamente, es de evitar esos Ejecutivos sin respaldo suficiente para desarrollar programas, por más que la Constitución los haya previsto a fin de resolver coyunturas como la que España ha venido padeciendo desde la fragmentación del espacio electoral, de manera que los eventuales bloqueos políticos no se transformen en parálisis institucional. A este respecto, el país necesita de una mayoría estable no solo para formar gobierno sino también para aprobar unos nuevos Presupuestos que pongan fin a las prórrogas encadenadas del último, y consoliden un crecimiento inclusivo. Además, son urgentes reformas estructurales como la fiscal, la energética y la de las pensiones. Y todo ello unido a la necesidad de planes específicos para reducir el desempleo juvenil y el de larga duración, corregir la precariedad y, en el ámbito de la vivienda, plantear una ley que establezca las condiciones de inversión pública en vivienda social y en alquiler.

Uno de los efectos colaterales de la parálisis de la anterior legislatura fue el protagonismo que adquirió la crisis territorial ante la ausencia de una agenda de reformas con visos de prosperar. Las amenazas del secesionismo fueron graves, pero, justo por ello, no había que entregarle el monopolio del escenario político. Entre otras razones porque la agenda de reformas es uno de sus más flagrantes carencias, precisamente como el Círculo de Economía acaba de recordar a la Generalitat.