La política de la interrupción

El secesionismo no consiguió doblegar a la democracia española en el otoño de 2017. La vía unilateral e ilegal, que violaba la Constitución y el Estatut y los derechos de más de la mitad de los catalanes, no sirvió para obtener la independencia. Pero hay aspectos que continúan en funcionamiento. Entre ellos destaca el desprecio de los independentistas hacia quienes no piensan como ellos: cuando tienen ocasión, aplastan los derechos de los discrepantes. Y también la deslealtad hacia el Estado.

No pueden derrotar a la democracia: intentan cortocircuitarla. Especialistas del fraude de ley, su táctica es tensar y desgastar las instituciones, y utilizar las garantías del Estado de derecho en un proyecto que pretende torpedearlo. Sus provocaciones, que persiguen la hegemonía dentro del movimiento separatista, se convierten en el centro del debate. No se habla del objetivo final. Se discute sobre las dificultades que afrontan en cada meta volante y sobre la respuesta a una situación inédita, y el secesionismo presenta cada pequeño paso —no importa en qué dirección— como una victoria. Que el Estado autorice algo es una victoria sobre el Estado; que no lo autorice muestra su carácter represivo; la prohibición de hoy justifica la transgresión de ayer. Al separatismo no le importan las paradojas espacio-temporales como no le importa contradecir la lógica: todo es propaganda, destinada principalmente al consumo interno.

Se presentan como anomalías características que España comparte con otras democracias liberales y a la vez se oculta la anomalía principal de la política española: el asalto al orden constitucional por parte del separatismo y la indulgencia hacia las premisas supremacistas del independentismo. Mientras exige un respeto reverencial para un conjunto abigarrado de mitos, fetiches y supersticiones tribales, el secesionismo desprecia las leyes comunes. Juega con ellas, como cuando los diputados independentistas prometen el cargo por la Constitución y por el mandato del 1-O, o dicen acatar nuestro marco jurídico pero aseguran ser presos políticos.

Es una política de la interrupción, basada en el troleo y el trilerismo. El secesionismo ya ha conseguido gripar la vida política de Cataluña, degradar las instituciones autonómicas, convertirse en el único tema y reducir la actividad legislativa. Sin aspavientos pero con firmeza, deberíamos evitar que lograsen hacer lo mismo en el conjunto de España. @gascondaniel