Juegos oscuros

La quinta fuerza política en Alemania, Die Linke, registró el pasado jueves en el Bundestag una moción en la que se exige del Gobierno de Berlín que se interese por la supuesta violación de los derechos humanos de los dirigentes independentistas juzgados en el Tribunal Supremo español. La moción tiene pocas posibilidades de prosperar, pero ha permitido advertir la estrategia internacional adoptada por los partidos secesionistas, así como el grave coste que, en el exterior, está pagando España por la ausencia de consenso político interior.

La moción presentada en el Bundestag, además de las gestiones entre bambalinas de los independentistas en el Consejo de Europa, pone sobre aviso de que la llamada internacionalización del conflicto que éstos persiguen no se está desarrollando solo ni principalmente en el terreno de la opinión, sino, sobre todo, en el ámbito de organismos multilaterales y en los Parlamentos de algunos de los principales Estados europeos, como el francés hace pocas semanas o el alemán en estos momentos. La Generalitat y el Parlament se han desentendido de resolver los problemas de los ciudadanos de Cataluña, pero no de utilizar todos los resortes institucionales a su disposición para manipularlos, transmitiéndoles la falsa apariencia de que la causa de la secesión avanza en el mundo.

En esta estrategia, el simple registro de una moción en una Cámara legislativa extranjera, que es un acto procedimental obligado, se presenta ante los votantes independentistas como una condena en firme del sistema democrático español, que ni se ha producido ni es previsible que se produzca en ninguna instancia. De igual manera, promover esas mociones asociando el nombre de España al de otros países cuya democracia está en cuestión, como Turquía, sólo busca el efecto propagandístico de la contigüidad, a sabiendas de que en el asunto de fondo no existe relación alguna. O mejor, existe, pero solo entre el comportamiento de esos Gobiernos bajo sospecha y el de la Generalitat.

Éste no ha dudado en cerrar el Parlament cuando le ha convenido, suspender una Constitución democrática en una votación de rutina y bajo una presión de la calle que él mismo alienta, utilizar las fuerzas y cuerpos de Seguridad a su mando con fines partidistas o mantenerse pasivo ante el hostigamiento a los no nacionalistas en las poblaciones del interior de Cataluña, incluidos los niños en las escuelas. Y todo esto bajo la mirada indiferente de un president que jalea a los autoproclamados comités de defensa encargados de estas acciones y que se declara a sí mismo títere de un fugado de la justicia sin representación institucional alguna.

La actual estrategia internacional del independentismo, que se apoya en redes deslealmente establecidas para cuando se presentara la ocasión bajo la presidencia de Jordi Pujol, hoy investigado por corrupción, no exige tanto una respuesta propagandística como una acción inequívocamente política, cuyo primer paso es el consenso entre fuerzas parlamentarias. El comportamiento de la Mesa del Congreso aún conducida por el PP y Ciudadanos, evitando dirigirse al Bundestag en relación con la iniciativa de Die Linke, es la prueba de que no sólo los independentistas buscan beneficios en el conflicto. Ni los ciudadanos de Cataluña ni los del resto de España merecen ser víctimas de juegos tan oscuros.