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La persecución de los jueces polacos

La Comisión Europea acaba de abrir un procedimiento de infracción contra Polonia

Imagen del peno de la Eurocámara en Estrasburgo.
Imagen del peno de la Eurocámara en Estrasburgo. EFE

La lucha contra el autoritarismo populista no pasa solo por la confrontación de ideas. Pasa, fundamentalmente, por la activación de las instituciones democráticas. Que para eso, para autodefenderse y defendernos, sirven.

La Comisión Europea acaba de abrir un procedimiento de infracción contra Polonia por la persecución de su Gobierno contra la independencia de los jueces locales.

No es el primero. Ya ganó recientemente, y de forma espectacular, ante el Tribunal de Luxemburgo, el pleito interpuesto contra la modificación de la nueva normativa regulatoria del Tribunal Supremo de aquel país.

Mediante ella, el Ejecutivo pretendía jubilar fulminantemente a todos los magistrados de cierta edad, considerados desafectos al ultranacionalismo, ultracatólico y ultradespótico instalado en el poder. Tuvo que reponerlos en sus plazas, gracias a las medidas cautelarísimas —de aplicación inmediata— adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El litigio actual se ha planteado contra el régimen disciplinario general aplicable a todos los jueces. Este es un desatino. Porque la comisión disciplinaria que lo rige la componen solo togados elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura..., cuyos miembros son designados exclusivamente por la mayoría parlamentaria de turno.

El gran objetivo de ese régimen es “someter sistemáticamente a los jueces al control político del Gobierno”, ha explicado el vicepresidente del Ejecutivo comunitario, Frans Timmermans.

Esa inquisición funciona mediante la apertura de procedimientos de sanción contra magistrados que han participado en el debate sobre la reforma de la justicia, en una sintonía discrepante de la del Gobierno.

Y contra jueces concretos, por su tarea estrictamente jurisdiccional. Sobre todo contra aquellos que han utilizado el mecanismo de la “cuestión prejudicial”. Esta es la consulta previa que un tribunal doméstico eleva al TJUE cuando tiene dudas sobre la interpretación de la normativa comunitaria a un caso concreto. Y sirve para homogeneizar su aplicación en el territorio de todos sus socios.

No es raro que ese sea el mecanismo institucional contra el que dispara el chovinismo autoritario. Se trata de corroer la Unión Europea como lo que, por encima de todo, es. Y debe seguir siendo. Una comunidad de derecho.

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