Pensiones sin histeria

El debate electoral sobre las pensiones ha empezado con mal pie. Las ambiguas declaraciones del asesor económico principal de Pablo Casado, Daniel Lacalle, sobre los recortes en las prestaciones en aquellos países que habían aprobado subidas o revalorizaciones han suscitado un intercambio visceral de acusaciones entre los partidos que no contribuye a calmar las inquietudes de los pensionistas, presentes y futuros, sino a estimular su ansiedad. Tampoco ha aclarado la posición del PP, partido que gobernó hasta antes de ayery que tiene posibilidades de volver a hacerlo, más allá de una atropellada acusación genérica de haber tergiversado las declaraciones de Lacalle y una velada reafirmación en que el camino correcto para defender las pensiones públicas es la legislación en vigor, aprobada por el primer Gobierno de Mariano Rajoy.

El sistema de pensiones tiene hoy un grave problema central: su sostenibilidad está en cuestión si no se toman inmediatamente decisiones políticas y económicas para corregir los efectos del envejecimiento de la población, el coste mayor de las pensiones nuevas y la evidencia de que la prestación debe pagarse al pensionista durante más tiempo. Las pensiones dignas son un derecho de ciudadanía. El diagnóstico y el catálogo de correcciones que es necesario practicar están sobre las mesas sociales y políticas. No son nuevas y los inventos en este caso, además de ser improbables, son peligrosos. Los electores tienen que conocer las propuestas de cada partido sobre este problema, sin ambigüedad alguna; lo que menos le conviene al sistema de pensiones públicas son ocurrencias frikis disfrazadas de ideología, las afirmaciones extremistas o amenazas de recortes futuros invocadas en defensa de las posiciones propias. De la reforma de las pensiones del PP puede decirse que no ha sido capaz hasta el momento de reducir el déficit de la Seguridad Social, evaluado en 18.000 millones, ni de cumplir con los plazos de demora en la fecha de jubilación, que eran sus dos principales objetivos, ni de sostener el poder adquisitivo de los pensionistas. Hay que recordar que, en una pirueta final, el Gobierno anterior aprobó una subida del 1,6% después de un acuerdo impuesto por el PNV.

La mejor recomendación sobre las pensiones es discutir con serenidad, exponer las propuestas sin llamar al apocalipsis si se aplican otras diferentes y confiar en que el Pacto de Toledo —el mejor mecanismo de negociación del que se han dotado las formaciones parlamentarias— será capaz de pactar una solución estable y a largo plazo. Las pensiones no están en quiebra, ni lo estarían aunque se garantice una revalorización según el IPC, siempre y cuando se adopten hoy los mecanismos necesarios para su financiación. Ello requiere un acuerdo y la estabilidad del marco político para aplicarlo. No como hasta ahora.