Investigar a fondo

La policía patriótica es un eufemismo para designar a una trama de corrupción en el Ministerio del Interior durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy, cuya misión era fabricar pruebas para perjudicar a rivales políticos y destruirlas en el caso de los escándalos que afectaban al Partido Popular. Esta red, cuyas ramificaciones son cada vez más profundas, está siendo investigada por la Audiencia Nacional. Es necesario buscar hasta el final a los responsables últimos de esta siniestra unidad, que ha socavado el Estado de derecho al utilizar a los cuerpos policiales destinados a protegerlo para actividades ilegales contra la democracia.

El último afectado por esta mafia policial ha sido Pablo Iglesias, el líder del tercer partido en representación parlamentaria, Podemos, contra el que esta unidad elaboró un informe chapucero, lleno de mentiras flagrantes e inconsistentes. Esto no impidió que fuese publicado por medios de comunicación, que han servido de correa de transmisión de la guerra sucia. También se utilizó contra el político el contenido de un móvil robado a una colaboradora.

La información publicada por EL PAÍS, que señala que la cúpula de Interior premió a un confidente clave en la elaboración del informe contra Podemos, al concederle un permiso de residencia, representa un indicio más que apunta hacia la responsabilidad de los altos cargos del ministerio cuando se produjeron los hechos, entre 2012 y 2016. Utilizar a la policía, que solo puede investigar bajo control judicial, para dañar a rivales políticos y para entorpecer investigaciones es tan grave que no solo existen responsables por acción —los que ordenaron que se realizasen—, sino también por omisión: todos aquellos que, teniendo responsabilidades políticas, permitieron que esto ocurriese bajo su mandato o ejercieron tan mal sus funciones que ni siquiera se enteraron de lo que pasaba en aquellos cuerpos que controlaban.

Cuando actuaba la mafia policial, el ministro del Interior era Jorge Fernández Díaz, diputado en la legislatura que acaba de terminar. Su número dos era Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad, también diputado saliente. Ambos son vocales suplentes en la Diputación Permanente del Congreso y, por lo tanto, aforados hasta que se constituya la nueva Cámara, a mediados de mayo. El jefe de la policía era Ignacio Cosidó, portavoz del PP en el Senado hasta la disolución de las Cortes. Este veterano político popular ya había mostrado su catadura moral cuando insultó en el Senado a Gregorio Peces-Barba, al que acusó en unas repugnantes declaraciones de amparar a los terroristas. Ninguno de ellos repetirá en las listas del PP, aunque Jorge Fernández Díaz forma parte de la ejecutiva de Pablo Casado.

Esta brigada gansteril fue cualquier cosa menos patriótica, porque sus acciones han debilitado la confianza de los ciudadanos en una de las principales instituciones, la policía, y han minado la confianza en el funcionamiento del Estado, que en las democracias mantiene el monopolio legítimo de la fuerza. Solo investigando hasta el final a todos los implicados, sin importar hasta dónde se ascienda en la cadena de mando, se podrá reparar, y solo parcialmente, el daño que este grupo ha causado al Estado de derecho con su guerra sucia.