Reputación bancaria

La reputación del BBVA sigue en entredicho. Las explicaciones aportadas por el nuevo presidente, Carlos Torres, en la junta general de accionistas celebrada el viernes pasado, no han despejado las dudas acerca de las escuchas ilegales realizadas por el comisario jubilado José Manuel Villarejo a políticos, empresarios y periodistas supuestamente contratadas durante la presidencia de su antecesor, Francisco González. Con independencia de las actuaciones en curso de la Audiencia Nacional, la investigación interna encargada por los responsables del banco debería ser suficientemente rigurosa y diligente para tratar de liberar cuanto antes la pesada hipoteca que pesa sobre uno de los más importantes bancos del país y su consejo de administración. Es necesario conocer de forma clara si esas escuchas fueron autorizadas por responsables del banco, si su financiación, dada la cuantía de las mismas, se sometió a los controles, contabilización y autorizaciones necesarias. Este no es un caso que pueda darse por zanjado con la renuncia provisional del anterior presidente a la presidencia de honor y de la fundación del propio banco, un día antes de la junta general.

De poco valdrían esos enunciados sobre valores, sostenibilidad, inclusión o responsabilidad social, que el nuevo presidente formuló el viernes, si las evidencias acaban validando comportamientos como los relatados en las últimas semanas. Sería, cuando menos, decepcionante que los ciudadanos, los clientes y los inversores contemplaran que la exhibición de valores éticos coexiste con prácticas absolutamente deplorables en el seno de organizaciones que deberían ser de las más respetables.

Cuando todavía persisten las secuelas de la importante erosión reputacional que el conjunto del sistema bancario español ha sufrido tras la crisis financiera, el asunto BBVA ha vuelto a dañar ese activo intangible que en la actividad bancaria es esencial, la confianza, el crédito de las instituciones. Por eso no ha de extrañar que el propio Banco Central Europeo, responsable último de la supervisión bancaria, haya mostrado su preocupación al respecto. Por lo mismo, sería conveniente que los supervisores españoles, Banco de España y CNMV, velaran por la amplitud y celeridad de las investigaciones abiertas en el propio banco, identificando si sus órganos de gobierno conocían o habían supervisado esas actuaciones, hoy bajo sospecha. Es una buena ocasión para fortalecer la necesaria confianza en el sistema bancario, en el sistema económico y las instituciones españolas, en definitiva.