Gibraltar sin paraíso

La inminencia del Brexit ya ha dejado algo favorable. El compromiso de clarificación de la situación fiscal de Gibraltar, un paraíso fiscal de hecho, a tenor de los diferenciales fiscales que soportan en esa localización los sujetos pasivos por las principales figuras tributarias. Con apenas 30.000 habitantes registrados, son más de 55.000 las empresas domiciliadas en ese territorio, beneficiándose de un sistema fiscal bajo sospecha, controvertido, cuando menos. El gravamen sobre el beneficio de las empresas, equivalente al beneficio sobre sociedades español, es del 10%.

El Gobierno de España ha conseguido que el de Reino Unido suscriba un tratado internacional por el que tributen en España, sin ningún tipo de privilegio, aquellas empresas que, aunque operen en Gibraltar, posean la mayoría de sus activos, o generen más de la mitad de sus ingresos en territorio español, o que las personas que dirigen las empresas sean residentes fiscales en España o cuando la mayor parte de derechos sobre el capital los ejerzan españoles. Ese mismo tratamiento se extenderá a las personas físicas que pasen en nuestro país más de la mitad del año. Quedarán exentas aquellas sociedades constituidas en Gibraltar antes del 16 de noviembre de 2018 y que puedan demostrar, entre otros requisitos, que el 75% de sus rentas derivan de actividad gibraltareña.

En ese tratado se especifican suficientemente los criterios de residencia fiscal en Gibraltar, que obligará a algunos residentes a redefinir su situación. También a reconsiderar las decisiones de aquellos que calcularan que tras el Brexit podrían deslocalizarse desde España, asumiendo que Gibraltar podría acentuar sus ventajas. Y con ello, el agravio sobre uno de los territorios españoles, el Campo de Gibraltar, más desfavorecidos económicamente.

Se trata de un movimiento acertado que trata de anticiparse a que ese enclave amplíe sus ventajas competitivas como domicilio fiscal una vez que Reino Unido abandone la Unión Europea, o que incluso se lleven a cabo prácticas no sujetas a la transparencia y el rigor fiscal que la UE trata de extender. España evita males peores, pero también Gibraltar puede salir beneficiado si esa mejora de su reputación no se malogra con otras prácticas cuestionables. La reducción de la facilidad para el contrabando de tabaco también ha encontrado en otro acuerdo reciente el respaldo de los Gobiernos español y británico.

Ni que decir tiene que los resultados de ese tratado dependerán de la diligencia en la aplicación de la transparencia e intercambio de información de la Administración gibraltareña, pactados en el acuerdo. El paso dado es importante y revela que la defensa de los intereses nacionales es compatible con coyunturas electorales como la presente. Ahora conviene que el Congreso de los Diputados le otorgue la correspondiente aprobación.