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Tráfico frente a salud

Todas las ciudades con riesgo de alta contaminación deberían contar con planes de emergencia

Vista de la contaminación en Sevilla desde Camas
Vista de la contaminación en Sevilla desde Camas

Cada día que pasa es más evidente que se está produciendo un cambio paulatino del clima. Las insólitas temperaturas primaverales registradas durante el mes de febrero en España y la ausencia de lluvias en una amplia extensión del territorio peninsular avivan los peores temores sobre una modificación profunda y duradera de la distribución anual de las temperaturas que tendrá consecuencias significativas sobre muchos aspectos de la geografía física, de la producción y de la vida cotidiana. El famoso anticiclón instalado sobre España y el norte de África y la masa de polvo africano ha hecho ascender hasta niveles preocupantes la contaminación en 26 ciudades españolas, según el observatorio de Ecologistas en Acción.

Lo más probable es que vuelvan a repetirse anomalías como la del mes de febrero: temperaturas por encima de lo normal, atmósfera estable y ausencia de lluvias. Son las condiciones más favorables para que se dispare la contaminación, aumente la presencia de dióxidos de carbono y de nitrógeno en la atmósfera y, en consecuencia, aumenten los casos de enfermedades pulmonares y otros tipos conexos de patologías. Si está demostrada la conexión entre emisiones de gases de los carburantes, el cambio climático y las muertes debidas a la contaminación, nadie puede entender que una buena parte de las ciudades españolas carezcan de protocolos anticontaminación. Los Ayuntamientos de estas urbes condenan a sus ciudadanos a respirar aire sucio y a sufrir un riesgo elevado de enfermedades pulmonares que, de rebote, elevan los costes de la sanidad pública.

Hay que reclamar que las ciudades con riesgo de contaminación dispongan de protocolos anticontaminantes, una regulación más estricta del suministro diario a establecimientos y comercios y que, si es necesario, se estudien medidas incluso drásticas. Si la salud está en juego, es un problema de Estado, y aunque quien tenga que afrontar los protocolos concretos sean las autonomías o los Ayuntamientos, es al Estado al que el ciudadano debe pedir cuentas.

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