Tiempo perdido

El fracaso de la Comisión del Pacto de Toledo, que no ha podido llegar a un acuerdo sobre 21 recomendaciones para reformar el sistema de pensiones, no tiene una explicación satisfactoria. Es verdad que las enmiendas de Podemos a algunos de los artículos fundamentales que ya habían acordado PSOE, PNV, Compromís y PDeCAT es la causa inmediata del fiasco; pero hay que considerar también que PP y Ciudadanos eran muy reticentes a conceder una baza electoral importante al Gobierno y, por otra parte, la convocatoria de los comicios ha trastocado profundamente el ritmo de las negociaciones, que nunca fue muy intenso, puesto que ha obligado a acelerar la búsqueda de un acuerdo de urgencia para soslayar el paréntesis electoral.

Sea como fuere, el hecho es que los intereses políticos han irrumpido de forma estruendosa en el funcionamiento de una Comisión que nació para apartar el debate sobre las pensiones, un instrumento de equilibrio económico intergeneracional imprescindible y un factor de crecimiento económico a corto plazo, fuera del debate político y de los intereses partidistas. No es de recibo que Podemos se descuelgue de la firma con el argumento de que algunas de las recomendaciones perjudican a los pensionistas, porque ya sabían a finales de 2018 cuál era el sentido de las propuestas y también que el funcionamiento del consenso exige ciertas renuncias a cambio de una reforma que beneficiará a los pensionistas en casi todos sus aspectos. Para empezar, garantizando la sostenibilidad del sistema. También es reprochable que PP y Cs se hayan sumado rápidamente al desguace del Pacto con la coartada de Podemos. Si el virus de la polarización ha entrado en el Pacto de Toledo, llegar a un acuerdo en el futuro, después de las elecciones, será muy difícil.

La ruptura del Pacto conduce a una situación política delicada. Para empezar, el Gobierno tendrá que apresurarse a garantizar que las pensiones futuras se actualizarán, quizá con la fórmula de la recomendación “con el IPC como referente”, porque esa actualización está garantizada solo para los años 2018 y 2019, según los términos del acuerdo inicial firmado entre el PP y el PNV. Pero no hay que minusvalorar el daño que produce la intromisión política en una institución pensada para buscar un acuerdo social al margen de la confrontación diaria de los partidos. Hoy no es posible valorar las consecuencias de este desacuerdo político después de las elecciones, cuando un nuevo Parlamento tenga que reconstituir la Comisión. Porque habrá que partir de una pérdida real de confianza arrastrada desde este fracaso.

El fiasco del Pacto significa también tiempo perdido; y un tiempo valioso. Durante casi tres años, los partidos han sido incapaces de ponerse de acuerdo en proposiciones tan razonables como acabar con el déficit de la Seguridad Social mediante la aportación presupuestaria, aumentar la edad real de jubilación o computar toda la vida laboral para el cálculo de la prestación. Resulta inquietante suponer que se tardarán otros tres años, a partir de la formación del Parlamento y del Gobierno, en lograr un nuevo consenso. Hay que recordar que en el caso de las pensiones las decisiones importantes tienen que tomarse hoy para que tengan efectos sobre las prestaciones y el balance general del sistema. Cuanto más tiempo se tarde en corregir la inercia del sistema más probabilidad hay de un recorte en las pensiones futuras.