El valor de unos Presupuestos

Si tuviésemos que atenernos a las declaraciones de nuestros representantes políticos, la pobreza infantil sería en España una historia del pasado. Un repaso rápido a los programas electorales de las elecciones más recientes incluye pactos nacionales, incrementos presupuestarios y promesas de todo pelaje. Hace solo unas semanas, la totalidad de los grupos del Parlamento sacó la cabeza de la trinchera para aprobar una proposición no de ley reclamando un pacto de Estado por la Infancia. Por unos instantes, la pobreza de niños y familias con hijos dejó de ser una cuestión ideológica para convertirse en un baremo de la decencia colectiva. Lamentablemente, todo hace pensar que este consenso acaba de escaparse por el mismo sumidero populista en el que han acabado los Presupuestos Generales del Estado. Y con ellos una oportunidad única para nuestra sociedad.

La pobreza infantil y sus implicaciones constituyen lo más parecido a una emergencia nacional. Una emergencia arrastrada durante demasiado tiempo y cuyas magnitudes son generacionales. De acuerdo con los datos oficiales, casi 2,4 millones de niños en nuestro país —el 28% de los menores— viven en la pobreza, con recursos por debajo del 60% de la mediana nacional de ingresos. De estos, 630.000 se encuentran en situación de pobreza extrema. Los niños no solo están peor que los adultos, sino que todas las tablas de la OCDE y la UE sitúan a España en el vagón de cola.

Tras las estadísticas, están las personas. La desesperación de los padres incapaces de pagar un transporte escolar. La vergüenza de los niños que no traen amigos a casa. El agotamiento de los abuelos que cubren jornadas imposibles. La injusticia y la estupidez de un modelo educativo y laboral que está destruyendo las escaleras sociales mientras bombardea con el discurso del emprendimiento y los méritos individuales.

Casi 2,4 millones de niños (el 28% de los menores españoles) viven en la pobreza, con recursos por debajo del 60% de la mediana nacional de ingresos

Todos los Gobiernos han cacareado contra este drama, pero el de Pedro Sánchez es el primero que demostró verdadera voluntad de atajarlo. La creación del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil —que depende directamente del presidente y que se ha dotado de un puñado de profesionales expertos e independientes— ofrece una oportunidad única de alinear los recursos económicos y políticos del Estado. En solo seis meses, su influencia se ha hecho notar en asuntos tan relevantes como la legislación en materia de violencia contra la infancia, un desafío íntimamente ligado al de la pobreza. También en el proyecto de Presupuestos Generales que fue derrotado la semana pasada en el Parlamento: no solo la propuesta del Gobierno doblaba la dotación destinada a las situaciones de pobreza severa —lo que podría haber sacado del pozo a más de 80.000 niños— sino que la norma incorporaba un informe de impacto sobre infancia, adolescencia y familias. Todo eso queda ahora pospuesto. Olviden las manifestaciones, los exabruptos de tertulianos y las ruedas de prensa teatralizadas: al final del día el valor de la política se resume en aguantarle la mirada a los destinatarios de tus decisiones. Dudo mucho que eso sea hoy posible para muchos representantes públicos.

La buena noticia es que quienes llevan años luchando por dignificar la vida de nuestros hijos saben que el camino es largo y está plagado de obstáculos. Porque este proyecto presupuestario era solo el comienzo. El alto comisionado Pau Marí-Klose destacaba recientemente que “el valor real de las prestaciones por hijo a cargo ha descendido un 30% desde el año 2002”. Nuestro país sigue gastando en familias e infancia un 40% menos de la media europea. España es el país de la UE-28 en donde la tasa de pobreza infantil menos cae después de que el Estado haya intervenido con sus transferencias.

Durante la próxima legislatura se debería establecer un programa de ingreso mínimo vital que alcance al conjunto de niños que viven en la pobreza, y que según los expertos habría de oscilar entre el doble y el triple de las prestaciones actuales, según el nivel de ingresos de las familias. La aspiración es establecer en España el tipo de prestación universal que ha demostrado más eficacia a la hora de erradicar las formas extremas de pobreza infantil.

Tal vez todo esto exija la solemnidad de un pacto de Estado y el consenso de partidos que hoy hablan más en los tribunales y las tertulias que en el Parlamento. Pero podríamos empezar por aplicarnos lo que la madre de Facundo Cabral reclamó en una ocasión al presidente Menem: “Con que no me joda, es suficiente”. Viendo el modo en que Ciudadanos y el PP han bloqueado la expansión del gasto social y los independentistas anteponen patria a niño, las esperanzas de que la proposición no de ley del pasado noviembre sea algo más que una performance son escasas. Me gustaría pensar que la historia no les va a recordar a todos por el resultado de tácticas miopes, sino por la capacidad de elegir el camino correcto en las encrucijadas generacionales. Y la de la pobreza infantil es una de las principales.

Gonzalo Fanjul es investigador y activista contra la pobreza. Recibió el premio FAO en 2012.