Apertura

La prosperidad de un país depende de la excelencia de su investigación y de la capacidad que tenga para participar en las redes globales de producción científica. En un ámbito tan globalizado como el del conocimiento no se puede competir con estructuras rígidas. Y en los últimos años, en lugar de importar, España ha exportado talento académico: la burocracia parece ser la razón más importante para ello.

El intercambio, sin embargo, es fundamental. España arrastra desde hace años factores diferenciales que lastran sus posibilidades. La proporción de inversión privada en I+D es mucho menor que en otros países, lo que hace que el mayor esfuerzo de la producción científica recaiga sobre la Universidad y los organismos públicos de investigación. Pero su rígida estructura burocrática y las inercias de un funcionamiento a veces excesivamente cerrado están comprometiendo la capacidad para competir y participar en proyectos de alcance internacional.

En estos momentos, apenas un 2,2% de los profesores de las universidades públicas y un 5,5% de las privadas son extranjeros, unos porcentajes muy alejados de los que exhiben países como Alemania (10,5%), Suecia (13,5%) o Reino Unido (27,3%). Estos datos indican que las universidades españolas resultan poco atractivas para los profesores e investigadores de otros países. El mundo científico se caracteriza por una gran movilidad. Los grandes talentos tienden a desplazarse allá donde les ofrecen mejores condiciones para desarrollar sus investigaciones y se mueven sobre todo por dos grandes incentivos: el profesional y el económico. Ambos chocan en España con problemas de insuficiencia financiera y unas estructuras burocratizadas que no garantizan la continuidad de los proyectos, hasta el punto de que en los últimos años una parte importante de la financiación para proyectos de I+D basada en un sistema de créditos a bajo interés ni siquiera se llega a ejecutar. La precariedad que afecta a los equipos y la baja remuneración de los profesores titulares y catedráticos impide que las universidades españolas puedan competir por el talento extranjero. Un profesor a tiempo completo cobra en Suiza más de 180.000 euros anuales y en Reino Unido más de 90.000, mientras que en España se quedan en poco más de 70.000.

La conflictividad que ha vivido la Universidad española por la pérdida de investigadores y fondos internacionales a causa de trabas burocráticas y rigideces innecesarias en la tramitación de los proyectos no son la mejor carta de presentación para seducir a profesores acostumbrados a trabajar en entornos de autonomía universitaria que priman la meritocracia y la obtención de resultados. A ello se añade, como tercer gran problema, una tendencia a la endogamia en la provisión de nuevas plazas. Todos estos factores explican que en estos momentos, según datos oficiales, el 73% de los docentes se han doctorado en la Universidad en la que imparten clase. Hace tiempo que se discute la necesidad de reformar la gobernanza y la estructura de las universidades. Hay que encontrar fórmulas que garanticen una mayor movilidad y permitan no solo el regreso de científicos españoles que han hecho carreras brillantes en el extranjero, sino atraer profesores e investigadores de otras universidades que aporten savia nueva y capacidad de innovar. Este debería ser el principal objetivo de la nueva Ley de Universidades que es urgente consensuar.