Innovación para proteger los derechos de las personas presas

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Desde hace décadas los sistemas penitenciarios de América Latina se encuentran en una grave crisis humanitaria. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas (2011) destacó dos grandes problemas en sus prisiones: los que afectan el derecho a la vida y a su integridad personal. La violencia carcelaria, la presencia de bandas armadas y el control de muchos presidios por parte de estas, sumado a las condiciones precarias de salubridad y alimentación, convierte a la cárcel en una pena de muerte aleatoria, tal y como se refieren especialistas como E.R Zaffaroni o E. Carranza.

En cuanto al derecho a la integridad personal, la CIDH señaló su preocupación por la existencia de torturas y tratos inhumanos y degradantes, que se manifiestan estructuralmente en las condiciones de vida de las personas presas. Una de las grandes causas es la existencia de índices elevadísimos de sobrepoblación penitenciaria que superan el 120% de la capacidad y se denominan sobre población crítica o hacinamiento. Globalmente, la población encarcelada no ha dejado de aumentar, en especial, en los últimos 20 años, y especialmente, en esta región. Los datos del informe mundial sobre prisiones (World Prison Brief, del ICPR, Birkbeck University of London) revelan una media en la región de 387 personas presas por 100.000 habitantes, cuando la media mundial es de 144.

En la región hay 387 personas presas por cada 100.000 habitantes, cuando la media mundial es de 144

Si la población encarcelada en el mundo ha aumentado en el siglo XXI un 19,5% de media, en América Latina lo ha hecho más de un 100%. De los 20 países con tasas de encarcelamiento más altas del planeta, 10 están en esta región: Costa Rica (352), Belice (410), Panamá (426) y El Salvador (579), entre otros. En todo caso, los datos de los países del Caribe son más alarmantes: Cuba (510), Islas Vírgenes de EE UU (540) y San Cristóbal y Nieves (607).

Si nos centramos en las mujeres, aparece un fenómeno preocupante: la población femenina encarcelada ha aumentado en todos los continentes. Según el World Female Imprisonment List (ICPR, 2015) mientras se estima que la población total ha aumentado en el siglo XXI un 20%, las mujeres encarceladas lo han hecho en un 50%. Lo más preocupante es que el número de mujeres encarceladas en países de Sudamérica se ha disparado en el siglo XXI: desde el 2000 ha aumentado tres veces en Colombia, cuatro en Guatemala y Brasil, y en El Salvador lo ha hecho por ocho.

Vulnerabilidad de personas presas, especialmente aquellas que sufren violencia institucional

La Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), preocupada por el acceso a la justicia de las personas en situación de riesgo, entendió que las personas presas y especialmente las que sufren violencia institucional forman un grupo en situación de vulnerabilidad. En 2017, la AIDEF identificó un proyecto denominado Guía Regional de actuación ante casos de violencia institucional carcelaria. El objetivo principal era crear un instrumento para poner en común instituciones públicas y sociedad civil para ofrecer una atención integral (jurídica, médica y psicosocial) a las víctimas de malos tratos y sus familias.

Con al apoyo del Programa EUROsociAL+ (financiado por la Unión Europea), la AIDEF pudo poner en marcha el proyecto. El primer paso consistió en realizar un diagnóstico de la violencia institucional carcelaria en la región. Los resultados fueron muy alarmantes.

Tras las conclusiones del diagnóstico, se elaboró la Guía regional de atención integral a víctimas de violencia institucional en el sistema penitenciario. La guía, aprobada por el Consejo Directivo de AIDEF en Santiago de Chile en septiembre de 2018, diseña el Sistema de Registro, Comunicación y Atención integral a víctimas de violencia institucional carcelaria (SIRCAIVI), que prevé un protocolo de actuación intersectorial activado por las Defensorías Públicas (a través de un registro centralizado) y que despliega unas actuaciones como la visita y entrevista con la víctima, la atención a su familia, la solicitud de medidas judiciales cautelares de protección, la atención médica (bajo el Protocolo de Estambul de la ONU), la atención psicosocial e incluso la intervención de organismos internacionales del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas.

La posible implementación por parte de los países que integran la AIDEF de una herramienta de este tipo supone la adopción de una política innovadora para la protección de las víctimas de malos tratos. Hay fundados motivos de esperanza para que creer que ello sea llevado a cabo y se aúnan voluntades en la dirección de proteger los derechos de las personas presas en América Latina.

Alejandro Forero Cuéllar e Iñaki Rivera Beiras, del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona; y expertos del Programa EUROsociAL+.

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