Devoluciones

En el imaginario colectivo sobre la inmigración irregular ocupan un lugar destacado las imágenes de llegadas en patera a las costas españolas, pero la gestión de los flujos migratorios incluye un aspecto poco conocido y sobre el que suele hablarse menos: la devolución a sus países de origen de aquellos inmigrantes que han llegado de forma irregular y no tienen razones para solicitar asilo político. Entre 2013 y 2017 se han devuelto un total de 54.963 inmigrantes en situación irregular, lo que supone una media de 30 al día. Esta parte menos visible de la gestión de los flujos migratorios es un indicador de normalidad y desmiente las acusaciones de que las políticas de acogida basadas en la solidaridad y el respeto a los derechos humanos producen un efecto llamada por el mensaje de laxitud que transmiten.

El 37% de los inmigrantes repatriados eran marroquíes y argelinos, a partes iguales, lo cual indica el buen funcionamiento de los acuerdos alcanzados con estos países para la identificación y posterior traslado de los nacionales que hayan entrado en España de forma irregular. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los inmigrantes procedentes de otros países subsaharianos. En este caso, la dificultad para identificarlos y la ausencia de acuerdos de repatriación hace que muchos de los que llegan acaben siendo puestos en libertad después de ser retenidos durante un tiempo en un Centro de Internamiento de Inmigrantes. La estancia máxima en este tipo de establecimiento permitida por la ley es de 60 días. Si en ese plazo no se ha podido iniciar el trámite de expulsión, quedan en libertad.

Es preciso alcanzar con los países subsaharianos acuerdos similares a los que se han firmado con Marruecos, que próximamente recibirá 140 millones como ayuda para los programas de control de los flujos migratorios. Una parte importante de la política de colaboración depende de los incentivos económicos. La Unión Europea debe respaldar este tipo de acuerdos, que incluyan ayudas como las que hace unos años se acordaron con Turquía, mejorando al tiempo los controles sobre su uso y correcta gestión humanitaria. Esta es la vía más efectiva para controlar la inmigración irregular y tratar de impedir al mismo tiempo que los jóvenes de esos países inicien travesías en las que ponen en riesgo sus vidas. El año pasado 769 inmigrantes desaparecieron en el mar, entre el norte de África y España, una cifra espeluznante que no se puede asumir con apatía.

El escenario que dibujan las cifras facilitadas por Frontex está muy lejos del que de forma frívola e irresponsable esgrimen quienes hacen de la inmigración un asunto de explotación partidista cuando afirman, por ejemplo, que España no puede afrontar la llegada de “millones de africanos”, como si las llegadas se contaran por millones. España registró en 2018 un total de 57.000 entradas irregulares, lo que supone un tercio de las 150.000 que se produjeron en toda Europa. Aunque representan el doble de las que llegaron en 2017  sigue siendo una cifra perfectamente manejable. Sería deseable que las fuerzas políticas alcanzaran un pacto de Estado que impida la manipulación de los datos y el uso partidista de un fenómeno que resulta inevitable y ante el cual, lo único que se puede hacer es tratar de gestionarlo con dignidad.