Hablar del futuro

Durante el año que comienza se renovarán los Ayuntamientos, la mayor parte de los Parlamentos autonómicos y el grupo de electos españoles en la Eurocámara. Además, el presidente del Gobierno podría verse obligado a disolver las Cortes y convocar elecciones generales anticipadas. Pocas veces se ha producido una circunstancia en la que, como ocurrirá el próximo mes de mayo, los ciudadanos decidirán la composición de todas o casi todas las instancias de poder establecidas por la Constitución de 1978. Los riesgos de que aumente la fragmentación y la radicalización política existen, como ha quedado patente en Andalucía. Pero si ambos fenómenos se producen no será por ninguna fatalidad, sino por decisiones conscientes detrás de las que existen responsabilidades. El malestar de los ciudadanos puede explicar el voto a opciones políticas que rechazan principios constitucionales, no justificarlo, como hacen implícitamente los partidos al radicalizar por razones electoralistas sus programas. De igual manera, la necesidad de conformar mayorías para evitar la parálisis institucional puede exigir que las fuerzas políticas alcancen acuerdos con cualquier electo, pero no en torno a cualquier programa. Sostener que el pacto con los partidos de un extremo es correcto e incorrecto con los del otro es solo una prueba de que la virtud democrática se quiere convertir en otro disfraz del ventajismo.

La acción política en España lleva demasiado tiempo secuestrada por el problema territorial, impidiendo que se completen los acuerdos imprescindibles para abordar otras realidades que exigen urgente respuesta. La fractura política que el independentismo ha provocado en su propia comunidad se está proyectando sobre el resto de España, debido, entre otras razones, a las deliberadas distorsiones en el funcionamiento de los respectivos Parlamentos. En el caso de Cataluña, la responsabilidad recae tanto sobre los propios independentistas, que desde la Mesa controlan la actividad de la Cámara hasta el extremo de abrirla y cerrarla a su antojo, como sobre el principal grupo de la oposición. La estrategia de Ciudadanos en Cataluña se resume en pedir cuentas al Ejecutivo central de las salidas de tono del autónomo, anulando el contrapoder que debería encarnar el Parlament. Si la mención a la vía eslovena por parte del presidente de la Generalitat fue tan grave como para que Ciudadanos presentase una querella en los juzgados, con más razón lo era para presentar una moción de censura en la Cámara autonómica donde es el grupo mayoritario.

Por lo que respecta al Parlamento central, los partidos que controlan la Mesa han mantenido frente al Gobierno un comportamiento semejante al de los independentistas, en el sentido de que la han convertido en un órgano al servicio de sus propios fines. Impedir mediante el filibusterismo la discusión de los Presupuestos Generales del Estado puede acabar provocando el adelanto electoral, según es su propósito, pero al precio de postergar la atención a problemas que llevan demasiado tiempo a la espera de solución. Entre ellos, los de los jóvenes para los que el empleo es casi un sueño inalcanzable, víctimas silenciosas de un reparto radicalmente injusto de las cargas de la crisis. El drama que padecen quienes están perseverando en el esfuerzo para formarse aun sabiendo que en su país no se les concederá siquiera la ocasión de desarrollar lo aprendido no puede permanecer al margen de las instituciones, paralizadas por las especulaciones en torno al porvenir de unas u otras naciones y por juegos electorales que sacrifican lo irrenunciable a lo que conviene. Hablar del futuro de un país es una abstracción retórica cuando no equivale a hablar de la situación que padecen sus jóvenes. El ciclo electoral que se abre es el momento.