Autónomos protegidos

El acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Trabajo y las organizaciones de autónomos (ATA, UPTA, UATAE y CEAT) es una buena noticia. En un escenario plagado de desencuentros y de inquietud ciudadana por la falta de un terreno común en el que asentar reformas y mejoras en el bienestar de la mayoría, ese acuerdo arroja algo de esperanza sobre la capacidad de diálogo entre el Gobierno y los agentes económicos y sociales, incluso cuando una parte de la clase política siga empeñada en no favorecer la convivencia.

Los términos son simples: a partir del próximo año los autónomos aportarán una mayor cotización, un incremento del 1,25% a la base mínima de cotización a la seguridad social, a cambio de una mayor protección. Ello significa fortalecer la seguridad de ese colectivo, hasta disponer de una de las mayores garantías de protección de la UE. Con ello, la base mínima de cotización (aplicable al 85% de este tipo de trabajadores) ascenderá a 944,35 euros desde los 932,7 euros actuales y el tipo de cotización pasa del 29,8% al 30%, con un incremento progresivo hasta el 31% en 2021. A diferencia de lo que venía ocurriendo, todos los autónomos estarán obligados a cotizar por contingencias profesionales, incapacidad temporal, cese de actividad y formación.

Las contrapartidas a esas obligaciones son relevantes. Se duplica el periodo durante el cual se tiene derecho a la prestación por desempleo, hasta 24 meses, se establece una tarifa plana para las madres tras la baja por maternidad de 60 euros en los 24 meses posteriores a la baja de maternidad, y se exime del pago de la cuota desde el inicio del tercer mes de incapacidad por enfermedad.

Otra ventaja para este tipo de trabajadores por cuenta propia es el mantenimiento de la cotización mínima en 2019 en torno a un 15% más baja que la de un asalariado que cotice por lo mínimo. Para evitar actuaciones fraudulentas como el traslado de asalariados al régimen de autónomos, se multará con hasta 10.000 euros a las empresas que de esa forma empleen falsos autónomos, como se ha puesto de manifiesto en algunos casos recientes.

Se trata de una decisión acertada, que además de permitir mejoras en un segmento de la población importante (del orden de 2,5 millones son los trabajadores por cuenta propia, sufragadas por los propios recursos aportados por ese tipo de trabajadores) avanza en la dirección de clarificar prácticas no siempre sujetas a la legalidad. Para que esas garantías se cumplan y las formas de fraude se atajen, será necesario un cumplimiento riguroso de los términos acordados, lo que exige una eficaz inspección de trabajo y de Hacienda, con medios suficientes.

Es el tipo de decisiones que requeriría un apoyo político más amplio, que debería superar los bloqueos hoy existentes para la realización de aquellas reformas destinadas no solo a paliar los daños infligidos por la pasada crisis en segmentos de la población con menor capacidad defensiva, sino a mejorar el funcionamiento y la transparencia de la economía española.