Igualdad en el deporte

El deporte es un fenómeno social y una manifestación cultural de alcance universal que los Estados consideran una actividad de interés general por las funciones educativas que cumple y los beneficios a la salud que proporciona, y por el valor cohesionador de la sociedad cuando los mejores deportistas de un país representan su bandera y sus colores en competiciones internacionales y regresan cargados de medallas. Además, alcanza una dimensión económica muy relevante, por cuanto que algunas disciplinas se han convertido en un espectáculo de masas muy profesionalizado y mercantilizado. Pero al mismo tiempo, el deporte presenta enormes desigualdades, según se trate de competiciones masculinas o femeninas, unas diferencias que se perciben en el apoyo de las federaciones o los clubes. Y no solo en deportes de élite. En algunas disciplinas, la dotación económica de los premios es más baja cuando compiten las mujeres.

Pese a que el deporte femenino va ganando terreno en torneos relevantes, aún no ha alcanzado el reconocimiento que merece. Prueba de ello es que los medios de comunicación (y especialmente la televisión) dedican mucho menos esfuerzo y recursos a las competiciones femeninas. Para eliminar esta brecha, la nueva Ley del Deporte aspira a garantizar la igualdad de la mujer, clamorosamente marginada de la ley de 1990, un texto obsoleto que se hace necesario actualizar para adaptarlo a la nueva realidad social.

Según aquella norma, solo las ligas de fútbol y baloncesto masculinas eran “profesionales” y estaban sometidas a convenios colectivos que regularan las condiciones laborales. El resto de las actividades deportivas jugaban en contra de ellas. El nuevo texto quiere poner fin a tan injustificable discriminación creando una categoría intermedia entre competiciones profesionales y no profesionales, bautizadas “profesionalizadas”, entre las que figuran las ligas de balonmano, fútbol sala, voleibol o rugby, que tendrán los mismos reconocimientos que el fútbol y el baloncesto: contrato laboral, seguridad social o bajas por enfermedad o maternidad. El objetivo es conciliar deporte y familia para que cualquier jugadora o atleta que quiera ser madre mientras esté en activo no pierda las becas o las subvenciones a las que tenga derecho. Esa es la mejor manera de preservar el principio de igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

El anteproyecto, al que aún le queda un largo camino parlamentario, regula también los derechos de los deportistas discapacitados o del colectivo LGTBIQ, establece normas hacia los menores y medidas contra la violencia en el terreno de juego. El texto es una ocasión óptima para plasmar que el deporte es una cuestión de interés público y erradicar todo asomo de discriminación.