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El movimiento de los Chalecos Amarillos en Francia está llamando la atención de los medios de todo el mundo. Si bien su verdadero carácter sigue sin conocerse, hay una reivindicación muy interesante desde el punto de vista de reforma monetaria: Derogación de la Ley nº 73-7 del 3 de enero de 1973 sobre el Banco de Francia. Quisiera presentaros mi visión sobre este tema caliente antes de cerrar el 2018.

El Artículo 25 de la misma, vigente desde hace casi 46 años, prohíbe que el Tesoro Público pida préstamos directos al Banco de Francia. Hay un informe, publicado por el Club de Roma hace 6 años, que respalda el argumento de este activista francés. Según este trabajo, titulado Money and Sustainability, hasta 1973 era posible que el gobierno francés tomara préstamos del banco central sin pagar tasas de interés, mientras que hoy en día Campos Elíseos (y otros gobiernos del mundo) no tienen otro remedio que vender bonos y pagar tasas de interés para financiarse. En España, por ejemplo, el Artículo 13-2 de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España, también prohíbe la financiación directa al Estado.

El mismo informe señala un hecho muy curioso: Si no hubiera entrado en vigor esta prohibición del Artículo 25 y hubiera sido posible la financiación directa, la deuda pública de Francia en 2009 sería sólo el 8,6% del PIB en vez del 78% que realmente tenía ese año. Podemos decir sin duda que sin esta ley Campos Elíseos habría podido gozar de mayores presupuestos y/o bajar los impuestos. Este tipo de economía pública es lo que reivindican los activistas de los Chalecos Amarillos, y yo, sin identificarme completamente con ellos, tengo una visión similar sobre las finanzas como propone Positive Money.

El gobierno español pierde unos 16.300 millones de euros en el pago de las tasas de interés

Traduzcamos este hecho en el contexto español, con la deuda pública que llega a aproximadamente 100% del PIB y con la tasa de interés de 1,42% al año (bonos de 10 años, aunque se aplican distintas tasas por cada bono con sus propias condiciones). Podemos decir que el gobierno español pierde más o menos 16.300 millones de euros para pagar las tasas de interés (no para devolver el principal de la deuda), lo que sería un costo innecesario si el Banco de España pudiera financiar directamente a La Moncloa. Esta cifra equivaldría a unos 350 euros por cada habitante en España (1.400 euros por una familia de cuatro miembros), o si se pudiera compensar esta cifra para bajar el IVA, llegaríamos a pagar sólo el 16% de IVA en vez del actual 21%.

Hay otra cuestión ética sobre los bonos públicos: si cada Estado existe con el fin de servir al interés de todos los nacionales y otros ciudadanos en su territorio, ¿por qué se justifica el pago de tasas de interés = enriquecimiento de los acreedores, incluso los acreedores extranjeros que no forman parte de la nación? ¿Cómo es posible que el gobierno helénico tenga, como prioridad, pagar la deuda a los bancos alemanes, antes de servir a los propios griegos?

Huelga decir que no es fácil reivindicar el cambio de esta ley, porque hoy en día esta prohibición está integrada en el Artículo 123 del Tratado de Lisboa y ningún Estado puede cambiarlas por sí solo. Sin embargo, a medida que este movimiento crezca en toda Europa, quizá el Parlamento Europeo se vea obligado a reconsiderar esta cláusula para permitir unas finanzas públicas con menor austeridad, que les permitan más mano libre a los estados miembros de la Unión Europea.