Alertas anticrisis

La prevención de una nueva crisis financiera, similar a la que estalló en 2008 y cuyas consecuencias todavía están pagando las economías nacionales, debería ser uno de los objetivos básicos de las políticas económicas europea y española. El Gobierno, atendiendo a las insistentes recomendaciones de Bruselas, ha tomado dos decisiones de singular importancia. Por una parte, va a crear una Autoridad Nacional de Estabilidad Financiera, formada por Economía, Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y Dirección General de Seguros, cuya función será emitir señales públicas de alarma cuando aparezcan desequilibrios macroeconómicos o financieros que puedan desembocar en burbujas, inmobiliarias o de otro tipo; por otra, concederá por decreto poderes amplios al Banco de España para que, por ejemplo, pueda intervenir en las condiciones y volumen de los créditos concedidos por la banca o fijar topes de exposición del dinero bancario a los mercados conflictivos.

La nueva agencia y los poderes otorgados al Banco de España tienen la función económica objetiva de impedir una nueva crisis o, por lo menos, la de estar preparados para afrontarla. Pero también persiguen acotar las responsabilidades en caso de crisis futuras. Los organismos reguladores, como el Banco de España y la CNMV, excusaron su escasa e ineficaz intervención ante la crisis de 2008 en la ausencia de capacidad de intervención sobre el sistema financiero. Podían alertar, explicaron en resumen, pero no actuar. Pues bien, esa excusa ya no será válida. El diseño político de la autoridad y las facultades conferidas, explícitamente el Banco de España, permiten una alerta temprana, que, por cierto, será vinculante, y facultades indudables y contundentes de intervención.

Las responsabilidades estarán claras; no se podrá eludir fácilmente la reprobación política y ciudadana en caso de fallo evidente o negligencia de ambos organismos. No es oportuno por el momento criticar la autonomía de la nueva agencia de Estabilidad Financiera por el hecho de que participe en ella el Ministerio de Economía; hubiera sido preferible un regulador totalmente independiente, pero la eficacia de un organismo depende sobre todo de la calidad e independencia de sus miembros.

Sería ingenuo suponer que con estas decisiones la economía española quedará totalmente a salvo de los terremotos financieros. No hay prevención total, en parte porque surgen continuamente nuevos riesgos. Por ejemplo, es evidente que una parte de la actividad bancaria se está deslizando hacia la llamada banca en la sombra, cuyas actividades son más difíciles de controlar por la regulación ortodoxa. Con todo, los pasos dados por el Gobierno son correctos y responden a las exigencias comunitarias; solo falta gestionar bien la nueva regulación.