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OPINIÓN i

Luchar contra la deforestación, tarea diaria y de todos en Costa Rica

En este país defender los bosques no depende de un acuerdo gubernamental sino que defender la biodiversidad es un trabajo permanente para los pueblos indígenas

Bosque Nuboso de Monteverde, una reserva biológica de Costa Rica.
Bosque Nuboso de Monteverde, una reserva biológica de Costa Rica.

El más reciente informe del Grupo Intergubernamental de la ONU de Expertos en Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) nos alerta sobre el riesgo inminente que implica este proceso y pone énfasis en la urgencia de redoblar los esfuerzos para adoptar las medidas necesarias para evitar que la temperatura del planeta siga aumentando. Además, fija el plazo de 12 años para tomar estas medidas antes de que el planeta entre en un colapso ambiental y climático.

El tiempo se acaba y la acción es ahora. Más allá de la implementación de nuevas tecnologías y la reducción de emisiones, hay una medida totalmente necesaria y efectiva que no puede demorar: la conservación de los bosques tropicales.

Al inicio de la nueva edición de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que comenzó en Katowice (Polonia) este lunes, quiero llamar la atención de la comunidad internacional sobre el verdadero contexto de los programas para enfrentar esta amenaza y del trato que se nos está dando a quienes estamos luchando y poniendo en práctica soluciones efectivas.

Hace más de una década, la comunidad internacional acordó poner en marcha el programa Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) causadas por la deforestación y degradación de los bosques, la conservación y el incremento de la captura de CO2, también conocido como REDD+, enfocado en evitar la deforestación y aumentar la conservación, mediante el pago de incentivos económicos a quienes protegen los bosques. Para este cometido se crearon dos organismos multilaterales: el Fondo Cooperativo del Carbono Forestal (FCPF) y el Programa REDD de Naciones Unidas (UNREDD), que impulsan una agenda de soluciones al cambio climático basadas en en la conservación de los bosques.

Compañías privadas, gobiernos de países desarrollados (donantes), gobiernos de naciones en desarrollo con bosques (países REDD+) agencias implementadoras, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de pueblos indígenas y de comunidades locales son algunos de los principales actores que hemos intervenido en este complicado esquema de conservación y financiamiento, en el cual una de las premisas es que los países desarrollados inviertan fondos para proteger los bosques de los países en desarrollo. Se supone que un buen porcentaje de estos fondos debe llegar directamente a quienes desde tiempos ancestrales hemos conservado los bosques, los pueblos indígenas y las comunidades locales.

Para nosotros, los pueblos indígenas de Costa Rica, conservar un bosque va mucho más allá de firmar un contrato con el gobierno, para nosotros es una tarea diaria, en la cual nos enfrentamos a quienes buscan saquear nuestra biodiversidad, y a quienes presionan la expansión de la frontera agrícola y el cambio del uso del suelo.

Lo lógica inicial del programa partió del hecho que los bosques son un almacén de carbono muy importante y que si se lograba detener su deforestación y degradación, se estaría contribuyendo a reducir en un 20% las emisiones de CO2.

Costa Rica fue el primer país en desarrollo que logró aumentar su cobertura forestal, pasando de un 20% en la década de los años 80, para alcanzar un 53% del territorio nacional en la actualidad

Para el mecanismo REDD+, los árboles en pie tienen un mayor valor económico y estratégico que cuando son talados de manera no sostenible, por lo que se desarrollaron una serie de capacidades en los gobiernos de países con bosques en materia de monitoreo, reporte y verificación (el llamado MRV), con el fin de estimar con precisión y transparencia, la reducción de emisiones del sector forestal y se acordó que al final del proceso de preparación, se firmaría un acuerdo de compensación entre países desarrollados y países REDD+, donde cada tonelada de CO2 de reducción de emisiones documentada recibiría una contraprestación económica.

Actualmente tanto el FCPF como UNREDD apoyan a diferentes países para prepararse para REDD+, los más avanzados en América Latina, son Costa Rica Chile y México, países que ya acreditaron su preparación y que se encuentran en la negociación del acuerdo de pago por resultados, es decir en la negociación de las condiciones de compensación de emisiones. Estas negociaciones se dan en el Fondo de Carbono (un fondo dentro del FCPF, especializado en la etapa de implementación de REDD+), pero enfrentan un problema muy serio de equidad y justicia: los países desarrollados sólo están ofreciendo a estos tres países, un pago de $5 USD por tonelada de CO2 equivalente (tCo2e) de reducción de emisiones por deforestación y degradación cuando la expectativa mínima al respecto es de 15 dólares, de acuerdo a los costos calculados por Chile, Costa Rica y México.

Para nosotros, como pueblos que protegemos los bosques día tras día, y qué invertimos nuestro esfuerzo y nuestros recursos, el monto de 5 dólares es insuficiente, y consideramos que no cubre los costos mínimos en los que incurren nuestras comunidades para realizar las tareas de vigilancia, protección, buen manejo y conservación de los bosques. El costo de reducción de emisiones que ha estimado Costa Rica está en el orden de los 15 dólares. Sin embargo los países desarrollados insisten en que el costo de la tCO2e en los mercados voluntarios está en 5 dólares, uno de sus argumentos es que como los recursos para la compensación tienen su origen en recursos fiscales de cada nación, se vuelve muy difícil justificar la razón por la que se estarían adquiriendo títulos de reducción de emisiones de CO2 a un precio superior al de títulos similares en el mercado voluntario de carbono.

Además, acceder a estos fondos es difícil porque tenemos que pasar por trámites burocráticos, requisitos complejos y al final, el pago no se realiza o es mínimo. El programa REDD debería reconocer este esfuerzo que no solo beneficia a un país sino al mundo y no buscar pagar el mínimo posible.

A inicios de octubre de 2017, el Gobierno de Costa Rica emitió una nota oficial en la que expresa el malestar por el precio ofrecido al país. Costa Rica tiene un rol protagonista en la conservación de los bosques, fue el primer país en desarrollo que logró aumentar su cobertura forestal, pasando de un 20% en la década de los años 80, para alcanzar un 53% del territorio nacional en la actualidad. Además este país ha servido de laboratorio y como modelo a seguir para la comunidad internacional, no solo en lo que se refiere a conservación sino a todos los procesos sociales y de gobernanza que hay alrededor.

El mensaje que se le da a Costa Rica y con ella a toda la comunidad internacional que ha creído en proteger los bosques a través de este programa es totalmente negativo. Nosotros hemos puesto las bases para un sistema integral para enfrentar el cambio climático, que implica la existencia de un Mecanismo General de Consulta Indígena (MGCI), de sistemas de gobernanza, de reconocimiento y fortalecimiento de derechos, de relacionamiento entre comunidades y de pago por servicios ambientales basados en nuestra cosmovisión.

A una década del lanzamiento de REDD+, esta iniciativa enfrenta uno de sus retos fundamentales y que definirá su futuro como una alternativa viable y rápida para luchar contra el Cambio Climático: quedarse en la lógica mezquina de pagar la menor cantidad posible a quienes protegen los bosques o replantear los términos de la compensación de la reducción de emisiones para construir un entendimiento más justo y equitativo como demanda Costa Rica, donde toda la humanidad gane.

Levi Sucre es indígena del pueblo Bribri, Talamanca, en Costa Rica y coordinador ejecutivo de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB).

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