Arcoíris en el Caribe

No deja de ser paradójico que cuanto más globalizado e interdependiente es el mundo, más se atomicen las causas. Los anhelos de progreso nacidos de la Ilustración y la Revolución Francesa y aquilatados en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948 —y tan insatisfechos, no hay más que echar un vistazo al mapamundi—, han dado paso a unos valores casi a la carta, producto más de apetencias o aspiraciones vitales, cuando no temporales, que de ideales. La ética de principios fundamentales como libertad o igualdad ha devenido en estética identitaria, con su proliferación de símbolos y banderas; y la comunión de intereses, la añeja utilidad común de Cicerón, se ha vuelto una antigualla.

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Pero hay zonas de sombra, sobre todo en lo que hace a algunos derechos civiles en contextos excepcionales. La incorporación a la nueva Constitución cubana de un artículo que abre la puerta al matrimonio gay, por más que para muchos represente una cortina de humo que distrae de asuntos más perentorios, es un experimento sociológico que ha concitado voluntades diversas, y una intersección entre una ideología tenazmente social y el moderno vendaval del individualismo. Todos los actores implicados, incluidos los más críticos, señalan dos aportaciones determinantes desde dentro del régimen.

Una es la del activismo oficial, de la mano de Mariela Castro –hija de Raúl Castro-, única capaz por su pedigrí de vencer la resistencia al brillo del arcoíris por parte de la dirigencia. La segunda es la contribución implícita a la causa LGTBI, con su lucha feminista avant la lettre, de la Federación de Mujeres Cubanas. Esta asociación de masas, orgánica —adscrita al partido único— y nada sospechosa de aperturismo, ha abierto desde los años sesenta brechas de libertad pese al machismo-leninismo (definición tomada de la última novela del escritor Leonardo Padura) imperante en la isla. Un machismo que, junto con el clericalismo, explica la áspera oposición al proyecto.

Con una aproximación en sus inicios sanitaria y asistencial, biologicista, la Federación, explican numerosos interlocutores en La Habana, ha evolucionado hacia el activismo de género(s), rastrillando causas concomitantes de un colectivo que gozará por fin de plenos derechos si se aprueba el texto en referéndum el 24 de febrero. Con su denuncia de la violencia doméstica y su apuesta por el derecho a la salud —gracias a ellas el aborto es legal desde 1965, igual que también lo son desde 2008 las operaciones de reasignación de género—, este activismo institucional ha demostrado poder ser un compañero de viaje del activismo LGTBI independiente. Un ejemplo de conciliación de intereses que podría servir para ampliar la defensa a otros muchos derechos inexistentes en la isla, si grupos como los citados u otros distintos consiguen, como esta vez, penetrar el corazón del régimen.